Las centrales sindicales intensificaron sus cuestionamientos al esquema para definir el reajuste del salario mínimo por parte del Banco Central. Incluso acusaron al BCP de maquillar los datos de la inflación, en medio de las negociaciones para un nuevo reajuste.

"El Banco Central miente y maquilla, esa no es la inflación real del Paraguay. Hay pobreza, hay desocupación y miseria. El problema sigue siendo estructural. Como representante de los trabajadores, ya planteé el problema", disparó este lunes Bernardo Rojas, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A).

El Banco Central miente y maquilla, esa no es la inflación real del Paraguay. Hay pobreza, hay desocupación y miseria. El problema sigue siendo estructural. Como representante de los trabajadores, ya planteé el problema

Las centrales obreras afirman tener estudios técnicos que demuestran que el poder adquisitivo acumuló una pérdida del 22,3% entre junio de 1989 y abril de 2026. Sobre esa base plantean que el salario mínimo legal debería ubicarse en G. 3.546.069, lo que implicaría un incremento de G. 647.021 respecto al monto vigente de G. 2.899.048.

Los empresarios y los sindicatos se enfrentan por el salario mínimo y meten presión a Recalde

La discusión vuelve a centrarse en la metodología utilizada para calcular el reajuste anual, basado actualmente en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el BCP. Los sindicatos insisten en que el mecanismo no refleja la evolución real del costo de vida ni la pérdida sostenida del poder adquisitivo.

Mónica Recalde, ministra de Trabajo.

En contrapartida, los empresarios defienden el esquema vigente ya que, sostienen, el ajuste por inflación aporta previsibilidad y permite acompañar la evolución de los precios sin generar desequilibrios importantes en la estructura de costos o en el mercado laboral.

Las organizaciones sindicales, sin embargo, presionan por revisar la fórmula e incorporar otros indicadores económicos dentro del cálculo del reajuste salarial. El debate se de en un contexto marcado por aumentos de precios en alimentos, combustibles y servicios básicos, y a las puertas de un año electoral.

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Mientras tanto, el Gobierno mantiene una posición de mediación dentro del proceso de negociación entre trabajadores y empresarios. La definición del próximo reajuste del salario mínimo deberá combinar aspectos técnicos, análisis económicos y acuerdos entre los sectores involucrados, la parte más difícil para la ministra Mónica Recalde. 

Óscar Lovera, titular del MEF.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) avanza con la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2025-2026, un relevamiento que permitirá actualizar la composición de bienes y servicios utilizados para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador base para el cálculo oficial de la inflación.

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El trabajo de campo será desarrollado hasta septiembre y abarcará más de 3.000 hogares de Asunción y Central. El objetivo es obtener información actualizada sobre hábitos de consumo, gastos familiares y cambios en las preferencias de los hogares, datos que posteriormente servirán para ajustar la canasta en la medición de precios.