
Se cumple un año de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia para la importación de productos sin registro sanitario y a pesar del reclamo de varios gremios, la máxima instancia judicial se sigue lavando las manos y alega que solo se habilitó la importación y no la venta. Sin embargo, varios comercios siguen vendiendo varios productos, incluso alimentos, sin registro sanitario.
La importación y venta de productos sin registro sanitario pone en riesgo incluso la salud de las personas, atendiendo que no cumplen con los requisitos exigidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). La empresa beneficiada con esta medida sigue operando normalmente en Ciudad del Este.
El Ministerio de Salud considera que el registro sanitario "es la autorización de carácter obligatorio, otorgado a una firma, sea esta, persona física o jurídica, para la fabricación, elaboración, importación, exportación y comercialización de un producto para la salud, previo cumplimiento de los requerimientos establecidos".
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Varios gremios siguen reclamando a la Corte la medida otorgada. El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, sostuvo que es lamentable cómo se maneja la justicia en el país porque se está poniendo en riesgo la salud de la gente. La Dirección de Ingresos Tributarios (DNIT) también se había pronunciado contra los propios ministros de la Corte.
"Creo que es un secreto a voces cómo se maneja la justicia en el Paraguay, este tipo de medidas no son la excepción. Más allá del esquema en la parte de alimentos y bebidas, existen innumerables medidas cautelares contra resoluciones del Ejecutivo", apuntó el presidente del CIP.
La empresa beneficiada con la medida cautelar de la máxima instancia judicial es Business SA, de Ciudad del Este. En su momento, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) corroboró que los productos importados sin registros sanitarios son vendidos en varios comercios del país, pero los ministros de la Corte de llamaron a silencio.
Los propietarios de la empresa L.A. Business son Luis Fernando Álvarez Jaramillo, de nacionalidad ecuatoriana, y Sandra de Oliveira, de nacionalidad brasileña. Álvarez Jaramillo fue presidente de Cable del Este SA, empresa que vendió un inmueble al senador Erico Galeano.
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"Si se siguen importando mercaderías con amparos, esto puede ser mucho más grave. Es una lucha, si le toca hoy a Dinavisa tener que intervenir 40.000 puntos de venta de comercialización de alimentos que hay en el Paraguay para tratar de identificar dónde están estos productos y decomisarlos en los puntos de venta o intervenir los puntos de venta", añadió Dumot.
La Business puede importar alimentos, bebidas, cosméticos y otros productos sin la necesidad de contar con registro sanitario. Una vez que ingresan al país, los alimentos se comercializan en hasta 60.000 puntos de venta siendo imposible el control de la comercialización arriesgando la salud pública de la población.
César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander fueron los ministros de la Corte que firmaron la acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa en cuestión contra varios artículos y decretos que controlan el ingreso de productos al país.
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