El ministro de EconomÃa, Carlos Fernández Valdovinos, presentó el anteproyecto para el Presupuesto General 2024 al Congreso, que contempla aumentos para sectores vulnerables y prevé un déficit del 2,6% en relación con el PIB. Desde la toma de mando, el gobierno estuvo abriendo el paraguas sobre la situación financiera para no respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
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La normativa actual sobre el déficit fiscal establece que solo en casos de emergencia se podrÃa superar el 1,5% y que en ningún caso se superará el 3%. En el gobierno anterior, las sequÃas y la pandemia justificaron superar el porcentaje de gastos y desde entonces nunca más pudo cumplirse la ley.
La administración de Santiago Peña estima que para el 2026 podrÃan volver a ajustarse al nivel estipulado, sin embargo, las promesas de campaña y la reticencia a cobrar impuestos - en particular a los de mayores ingresos- hacen que el desafÃo sea difÃcil.
Los miembros del gabinete denuncian que encontraron las instituciones desfinanciadas. Lo hizo Enrique Riera en Interior, Carlos BenÃtez en la Comandancia de la PolicÃa, Lea Giménez en Petropar y Claudia Centurión en el Ministerio de Obras.
En el último caso, la ministra habló de la deuda más grande de la historia y adelantó que no se iba a cumplir con el 2,3% de déficit que el gobierno anterior previó en el plan de convergencia fiscal.
A simple vista los números presentado por Fernández Valdovinos son buenos para sectores como la Salud, con US$ 52 millones adicionales para medicamentos, Educación, con US$ 90 millones más para los docentes y kits y US$ 20 millones de incremento para subsidios Tekoporã Mbarete.
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Pero en la práctica siempre se observó que los gobiernos suelen privarse de estas inversiones sensibles cuando los proveedores del Estado apuran el cobro de deudas. Este primer mes de gestión de Peña visiblemente estuvo negociando con farmacéuticas y constructoras, dos gremios fuertes que reclaman deudas millonarias y que el gobierno no intentará enfrentar.
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