Tras más de dos años de espera desde la creación del Consejo de Seguridad Social, el organismo definió la terna final para el primer Superintendente de Jubilaciones y Pensiones. Los candidatos seleccionados son Griselda Mariel Figueredo Arriola, Carlos Julián Ortiz Jara y Hugo Manuel Frutos Ávalos. La elección final recaerá en en el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien preside el órgano.
El proceso, sin embargo, no está exento de cuestionamientos. Hay voces dentro y fuera del Gobierno que señalan un posible favoritismo hacia perfiles vinculados al Banco Central del Paraguay (BCP), institución que Valdovinos presidió entre 2013 y 2018, y donde Santiago Peña fue consejero.
Este antecedente genera suspicacias, dado que una de los ternados, Figueredo, es una funcionaria administrativa de larga data en el BCP, lo que podría interpretarse como una preferencia por postulantes del círculo técnico del actual ministro. No es la primera vez que una designación vinculada al BCP genera polémica.
La reciente designación de Marco Aurelio González Maldonado como vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNA fue judicialmente impugnada, en un caso donde se destacaba su doble rol como miembro del directorio del BCP.
Quienes podrían defender la terna argumentan la búsqueda de solvencia técnica. El BCP es una institución que ganó reconocimiento internacional por su gestión, con su presidente actual -Carlos Carvallo Spalding- distinguido por su desempeño y un historial que contribuyó a que Paraguay tuviera uno de los riesgos país más bajos de la región.
Las entrevistas se realizaron esta semana, con el objetivo de que la Superintendencia, acéfala desde su creación en 2023, comience a funcionar el año que viene. Valdovinos necesita urgentemente que el nuevo organismo elabore los reportes para intervenir en cajas previsionales deficitarias, en especial la Caja Fiscal.
De optar por Figueredo, el ministro se expondrá a críticas por un supuesto favoritismo y cercanía con el BCP. Cualquier otra elección deberá demostrar que el proceso fue imparcial y que los criterios de "conocimiento técnico" e "independencia" prevalecieron sobre cualquier otra consideración.
Mientras tanto, el reclamo de los jubilados por la irregular conformación del propio Consejo de Seguridad Social sigue vigente. Los trabajadores y jubilados quisieron evitar que la elección de miembros sea unilateral, aunque no lograron disminuir la influencia del Ejecutivo en el órgano de gobierno.
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