Santiago Peña anunció que el impuesto inmobiliario subirá el próximo año. Por segunda vez, el presidente prepara un aumento a pesar de que durante la campaña de 2023 había prometido que no incrementaría la presión tributaria. El anunciado reajuste en el sistema de valoración fiscal de los inmuebles tendrá un impacto directo en el impuesto inmobiliario para el ejercicio 2025.
Este decreto 2105 establece que los valores fiscales de los inmuebles se reajustarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay, que durante el último año alcanzó un 3,6%. La tasa del impuesto inmobiliario, que se calcula sobre el valor fiscal del inmueble, permanece en un 1%, lo que genera inquietud entre propietarios y sectores empresariales que temen un aumento en sus cargas tributarias.
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En la capital, un inmueble en zonas con pavimentación verá su valor fiscal fijado entre G. 128.898 y G. 542.883 por metro cuadrado, mientras que en zonas con empedrado el rango va de G. 98.567 a G. 324.518. Para construcciones urbanas en Asunción, el valor varía desde G. 227.466 hasta G. 1.596.808 por metro cuadrado.
En campaña, el presidente había sido tajante: "No vamos a subir los impuestos a los emprendedores ni a las empresas". El gobierno de Mario Abdo Benítez también había ajustado los valores fiscales en diciembre de 2022, casi medio año antes de dejar el cargo, e incrementado en un 8,1% los valores para el cálculo.
Esta decisión generó descontento entre los sectores productivos, que apelaban a las dificultades sufridas por la sequía y la crisis económica pospandemia. Posteriormente, Marito tuvo que suspender algunos artículos del decreto. Pero ahora Peña trata de cumplir con los intendentes, a quienes tuvo que calmar este año para poder llevar a cabo las modificaciones en el sistema de alimentación escolar.
En febrero, Peña prometió que el 100% del impuesto inmobiliario recaudado por las intendencias permanecería en sus arcas en lugar de continuar con el esquema actual de transferencia del 30% que reciben las gobernaciones y los municipios con menor recaudación. Fue una concesión que tuvo que hacer el jefe del Ejecutivo para destrabar el proyecto que buscaba centralizar la provisión del almuerzo en las escuelas, más tarde conocido como Hambre Cero.
Los intendentes habían cuestionado la decisión inicial de Peña de sacarles los royalties a las municipalidades para destinar esos recursos al Fondo para la Alimentación Escolar, ahora gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social. Tras la presión de los líderes comunales, el Gobierno decidió utilizar solamente los recursos del antiguo Fonacide, cuyos recursos se derivaban a las gobernaciones para todo lo referente al área de educación, como alimentación e infraestructura.
La promesa de Peña con los intendentes todavía no está totalmente cumplida. El propio Peña había sugerido un proyecto de reforma constitucional para que el impuesto inmobiliario quedase en los municipios, sin embargo, la propuesta todavía no salió a la luz. Es probable que en 2025 vuelva a reflotar la idea, pese a las sospechas de la oposición sobre el alcance de las modificaciones a la Constitución.
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