El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió a acelerar los pagos pendientes al sector de la construcción mediante desembolsos mensuales de entre USD 50 millones y USD 100 millones a partir de junio, luego del fracaso de la cesión de deudas que había propuesto inicialmente el Gobierno de Santiago Peña.

El anuncio fue oficializado tras una reunión entre los ministros Óscar Lovera (MEF) y Claudia Centurión (MOPC) y los representantes de los principales gremios del rubro, en un intento por aliviar la delicada situación financiera que atraviesan las empresas contratistas del Estado y que vienen arrastrando desde hace varios meses.

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Los desembolsos serán posibles mediante una reprogramación presupuestaria y permitirán avanzar en la regularización de las deudas acumuladas con el sector hasta fin de año. En el sector de la construcción estiman recibir alrededor de USD 500 millones hasta diciembre, en caso de que los montos sean superiores a los USD 70 millones.

El compromiso es importante para las constructoras por tema pagos por obras en ejecución, las deudas generadas y los intereses generados en su momento. En cuanto a obras paralizadas, con los pagos que se realizaron ya están normalizadas

"Abordamos muchos temas y sobre todo lo relacionado a las deudas. El compromiso es importante para las constructoras por tema pagos por obras en ejecución, las deudas generadas y los intereses generados en su momento. En cuanto a obras paralizadas, con los pagos que se realizaron y el nuevo compromiso, ya están normalizadas", apuntó a LPO Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa.

El presidente Santiago Peña.

Durante la reunión se descartó la propuesta de factoring impulsada por el Gobierno para cancelar compromisos pendientes mediante la cesión de deuda a entidades financieras, rechazada por ambos gremios en su momento. El propio ministro de Economía reconoció que el mecanismo no resultaba viable para las constructoras en las condiciones actuales.

Tanto Capaco como Cavialpa habían declinado el planteo porque el esquema de factoring implicaba que las empresas que ya ejecutaron obras aceptaran descuentos financieros para poder cobrar y renunciar a intereses por mora previstos en los contratos. En consecuencia, las constructoras iban a cobrar menos de lo que corresponde.

Otro de los puntos fue el pago de los intereses generados por las obligaciones vencidas. Existe el compromiso de honrar esos montos una vez que el Congreso apruebe el proyecto de ley que lo habilita, una cuestión apremiante. Actualmente, la deuda por intereses vinculados a contratos ya ejecutados ronda los USD 110 millones.

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Ahora los gremios esperan que los compromisos asumidos se traduzcan en desembolsos efectivos en las próximas semanas, ya que la falta de pagos genera dificultades financieras para numerosas empresas vinculadas a obras públicas en todo el país.