El Gobierno analiza modificar el mecanismo de cálculo del salario mínimo incorporando variables como el costo de los alimentos y el Producto Interno Bruto (PIB), en un intento por adaptar el reajuste a la realidad del consumo. La propuesta apunta a medir con mayor precisión el impacto de la inflación en la canasta básica, en un contexto de acercamiento a sectores sindicales de cara a un año electoral.

La iniciativa fue planteada en el marco de una convocatoria oficial para discutir un nuevo esquema de reajuste, que actualmente se basa en la inflación general. El objetivo es introducir indicadores que reflejen de manera más directa el costo de vida, especialmente en alimentos, que tienen mayor peso en el gasto de los trabajadores.

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La discusión incluye la posibilidad de combinar distintos indicadores económicos que permitan definir aumentos salariales más alineados con la evolución del poder adquisitivo.

El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Pineda, cuestionó los indicadores utilizados para el reajuste del salario mínimo y se mostró a favor de modificar el mecanismo vigente. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central, dijo, no reflejaba el costo real de vida y terminaba perjudicando a la clase trabajadora.

El presidente del BCP, Carlos Carvallo.

Además, Pinedo sostuvo que en los últimos diez años la canasta básica de alimentos aumentó más del 90%, mientras que el salario mínimo solo se incrementó entre 47% y 48%, lo que evidencia una pérdida sostenida del poder adquisitivo. 

"El valor de la canasta básica de alimentación es el mayor peso para una familia o para un trabajador porque ha tenido un incremento muy importante. Hay una pérdida que viene soportando el trabajador, con su familia y que tiene consecuencias importantes en la alimentación, en la formación", apuntó el dirigente sindical.

Hay una pérdida que viene soportando el trabajador, con su familia y que tiene consecuencias importantes en la alimentación, en la formación

El planteamiento se da en un escenario político marcado por las elecciones previstas para octubre, en el que el Gobierno busca recuperar terreno ante distintos sectores. La relación con los sindicatos quedó tensionada tras la reforma de la caja fiscal, que generó rechazo y movilizaciones.

En ese contexto, la revisión del salario mínimo aparece como una señal hacia los trabajadores organizados, en medio de intentos por recomponer vínculos y generar condiciones de mayor consenso. La discusión sobre el ingreso básico se instala, así como un eje relevante dentro de la agenda económica y social.

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El debate también coincide con cambios en la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas tras la salida de Carlos Fernández Valdovinos, en un escenario donde el Ejecutivo busca dar señales de ajustes en su gestión. Si bien no se plantea un giro total en la política económica, la revisión del mecanismo de salario mínimo forma parte de una serie de medidas orientadas a mostrar una apertura a modificaciones.