El Ministerio de Economía y Finanzas y la DNIT están en plena evaluación de los ingresos y gastos del Estado, en medio de las crecientes dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener la meta fiscal prevista para este año. En caso de no respetar el tope, el tercer grado de inversión podría estar en riesgo.

Actualmente, el techo de gasto para el cierre de 2026 está fijado en 1,5% del PIB, pero dentro del equipo económico ya analizan la posibilidad de flexibilizar la meta debido a que la recaudación tributaria no acompaña el ritmo inicialmente proyectado, donde la caída del dólar también tiene un fuerte impacto.

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El deterioro fiscal coincide con un contexto de fuertes compromisos pendientes con los proveedores del Estado, principalmente vinculados a la compra de medicamentos y la obra pública. Lo que más preocupa a Lovera y al presidente Santiago Peña es que el gasto público continúa creciendo mientras los ingresos muestran señales de desaceleración.

Tanto en el MEF como Mburuvicha Róga esperan los guarismos de junio y del segundo semestre, periodos clave para proyectar con mayor precisión el resultado fiscal del cierre del año. En la misma línea, las empresas constructoras insisten en la necesidad de ampliar la meta de déficit para destrabar pagos pendientes con proveedores y contratistas del Estado.

Dentro del equipo económico ya analizan la posibilidad de flexibilizar la meta debido a que la recaudación tributaria no acompaña el ritmo inicialmente proyectado, donde la caída del dólar también tiene un fuerte impacto

En ese escenario, el Gobierno trabaja en un mecanismo de factoring o cesión de derechos de cobro para intentar regularizar parte de las deudas acumuladas. El esquema ya tuvo observaciones de constructoras y farmacéuticas, relacionadas con el costo financiero que implicaría para las empresas proveedoras.

Es parte de la herencia que dejó la "economía de guerra" de Carlos Fernández Valdovinos, y que ahora Lovera intenta desactivar con el aval de Peña y el apoyo de Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios. 

Óscar Orué, director de la DNIT.

Los números fiscales del primer cuatrimestre reflejan un escenario cada vez más ajustado para las cuentas públicas. Entre enero y abril, el déficit acumulado alcanzó G. 3,1 billones, equivalentes a aproximadamente USD 485,3 millones, cifra que representa el 0,8% del PIB.

El resultado muestra un aumento frente al mismo periodo del año pasado, cuando el déficit acumulado representaba el 0,5% del PIB. A nivel anualizado, el saldo negativo ya supera los USD 1.300 millones, de acuerdo a los datos oficiales del MEF.

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Por otro lado, el déficit operativo -que mide la diferencia entre ingresos ordinarios y gastos corrientes del Estado- se ubicó en G. 1,3 billones, es decir, USD 206,8 millones. El panorama comienza a generar preocupación dentro del ámbito económico y financiero debido a que una eventual ampliación del déficit podría aumentar los niveles de endeudamiento y comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Además, un mayor deterioro fiscal podría convertirse en un factor de riesgo para el tan esperado tercer grado de inversión, considerado como uno de los principales logros del Gobierno de Peña, especialmente si el país se aleja de la senda de la consolidación fiscal comprometida ante organismos internacionales y mercados financieros.