Los compromisos pendientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las constructoras continúan sin resolverse, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas había anunciado un esquema de pagos para aliviar la situación. Incluso, algunas obras están paralizadas a causa de la falta de desembolsos, mientras otras ya empiezan a ralentizarse.

Los pagos previstos aún no se concretaron, lo que profundiza la incertidumbre financiera, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas que dependen del flujo regular de recursos para sostener su operativa. A febrero de este año, la deuda total estaría en torno a los USD 370 millones: ante esta situación, muchas prefieren que ya no se liciten nuevas obras.

"Algunas obras empezaron a pararse y otras empezaron a ralentizarse o disminuir su ritmo de trabajo a consecuencia de las deudas impagas. Estamos en un callejón sin salida y tenemos que salir porque el Paraguay necesita infraestructura. No podemos continuar en este sistema porque de a poco va a ir repercutiendo en otros estamentos", apuntó a LPO José Luis Heisecke, titular de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).

De acuerdo a los datos manejados por el gremio, más de 80 empresas se encuentran directamente afectadas, con dificultades crecientes para cumplir con proveedores, salarios y compromisos bancarios, lo que comienza a impactar en la continuidad de los trabajos.

Estamos en un callejón sin salida y tenemos que salir porque el Paraguay necesita infraestructura. No podemos continuar en este sistema porque de a poco esto va a ir repercutiendo en otros estamentos

El escenario se agrava ante la proyección presupuestaria para 2026, que destina unos USD 570 millones al área de obras públicas, un monto considerado insuficiente frente a las necesidades planteadas por el sector y el propio Gobierno de Santiago Peña. Solo las obras en ejecución demandan alrededor de USD 800 millones, sin incluir la deuda acumulada de ejercicios anteriores.

 José Luis Heisecke, titular de Capaco. 

Esta brecha financiera acelera decisiones críticas dentro del sector y de no normalizarse los pagos en el corto plazo, advierten, la paralización de obras podría extenderse, con efectos directos sobre el empleo, la cadena de proveedores y el avance de la infraestructura pública.

Para nosotros, así como están las cosas y con la situación en la cual están viviendo las empresas por falta de cobro, preferimos que se deje de licitar, se regularicen todos los pagos y después se empieza a licitar de vuelta

"Para nosotros, así como están las cosas y con la situación en la cual están viviendo las empresas por falta de cobro, preferimos que se deje de licitar, se regularicen todos los pagos y después se empieza a licitar de vuelta. Es difícil seguir en la situación que estamos", dijo Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa).

El Ejecutivo acaba de promulgar el decreto 5441, que reglamenta la Ley 7452 y marca un avance en la articulación entre el sector público y el privado para el desarrollo de infraestructura y la provisión de servicios públicos. Tanto Cavialpa como Capaco siguen analizando el posible impacto de esta norma, pero cuestionan que el MEF sea el que decida qué obras deben ejecutarse.

Peña avanza con la ley de APP para que los privados se hagan cargo de la obra pública

La reglamentación introduce ajustes al modelo de alianzas público-privadas (APP), tomando como base la experiencia acumulada en los últimos diez años de aplicación de este esquema en el país. Desde el Poder Ejecutivo destacan que el objetivo es modernizar el marco normativo, otorgar mayor seguridad jurídica a los proyectos y dotar de mayor previsibilidad y dinamismo a los procesos de inversión.