La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, sostuvo que el Gobierno se encuentra trabajando en un esquema para regularizar los pagos pendientes a las empresas constructoras, cuya deuda total -entre obras ejecutadas e intereses acumulados- ronda los USD 370 millones.
Según explicó, el Ejecutivo viene realizando desembolsos de manera mensual, conforme al avance de los procesos administrativos y financieros.
En ese marco, señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra definiendo, junto a su equipo técnico, la operativa para aplicar el mecanismo de factoraje, previsto en la legislación vigente. Esta herramienta permitiría canalizar los pagos sin generar un freno en la ejecución de las obras públicas, evitando así mayores tensiones con el sector.
La semana pasada, representantes de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el objetivo de consensuar una salida a la deuda que el Estado mantiene con el sector.
El Gobierno y las vialeras llegaron a un principio de acuerdo para el pago de la deuda
Actualmente la deuda certificada por obras ya ejecutadas asciende actualmente a USD 250 millones, a lo que se suman aproximadamente USD 120 millones en concepto de intereses contractuales, elevando el pasivo total a unos USD 370 millones.
Tanto los gremios empresariales como el propio Ministerio de Economía coinciden en que resulta prioritario sostener la actividad del sector de la construcción, dado su impacto directo en el empleo y en la continuidad de los proyectos de infraestructura. Un eventual freno de la obra pública, advierten, tendría consecuencias significativas sobre la economía, especialmente por el riesgo de pérdida masiva de puestos de trabajo.
La ministra acudió este jueves al Congreso para reunirse con los integrantes de la Comisión Permanente sobre el proyecto tren de cercanías y fue abordada por la deuda con las vialeras. Además, el senador Juan Afara aprovechó la ocasión para hacer llegar su preocupación por el deterioro crítico de la ruta PY22, que conecta las ciudades de Concepción y San Lázaro, en medio de la expectativa por el llamado a licitación para su rehabilitación integral.
El tramo, de aproximadamente 170 kilómetros, presenta un avanzado nivel de deterioro, con una gran cantidad de baches y cráteres que afectan seriamente la circulación. Esta situación ya ha derivado en accidentes de tránsito y daños materiales, principalmente roturas de neumáticos y fallas mecánicas, generando reclamos constantes de usuarios y transportistas.
Constructoras en alerta: afirman que están en "un callejón sin salida" por la falta de pago
La ruta Concepción-Vallemí cumple un rol estratégico para el norte del país, ya que enlaza zonas de alta actividad industrial y logística. Por esta vía se movilizan importantes volúmenes de cemento, cal agrícola e hidratada, insumos clave para la producción y la construcción, lo que vuelve crítica la necesidad de una intervención urgente para garantizar seguridad vial y continuidad económica en la región.
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