La crisis en la Caja de Jubilados Municipales se aguidza. La institución lleva tres meses de atraso con los haberes de sus aportantes, que se arrastra desde noviembre, y necesita G. 16.000 millones para cumplir con los pagos, sin solución en el horizonte.

Los municipios también tienen su cuota de responsabilidad en la crisis que atraviesa la Caja, porque mucho apenas cumplen con sus obligaciones financieras para que los jubilados reciban sus haberes correspondientes.

Los intendentes deben pagar a la caja el aporte obrero patronal y tienen que transferir dentro de los primeros 20 días, según la ley. Sin embargo, la realidad es que muchos municipios no están cumpliendo con la normativa, lo que agrava el descalabro financiero de la institución.

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El presidente de la Caja de Jubilados Municipales, Venancio Díaz, explicó que la situación es cada vez más preocupante y dio por descontado que va a agudizarse con las elecciones municipales, especialmente cuando un intendente electo destituye a funcionarios permanentes y contrata nuevos.

"Estamos atrasados, necesitamos más o menos G. 3.000 millones para completar noviembre. Asunción se comprometió a pagar la próxima semana. No tenemos el cumplimiento eficiente en esos pagos, el monto de Asunción es de casi G. 4.000 millones", apuntó.

Asunción se comprometió a pagar la próxima semana. No tenemos el cumplimiento eficiente en esos pagos, el monto de Asunción es de casi G. 4.000 millones

Pero la institución tampoco escapa al escándalo. En su momento, Ramón Fernando Kiessel, acusado por iniciar el incendio en la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, apuntó a que directores de la entidad le habrían obligado a provocar el fuego en mayo de 2024 bajo amenazas. Le prometieron, según su versión, que ganaría G. 3 millones por su accionar.

Carlos Fernández Valdovinos y Santiago Peña. 

En su declaración, Kiessel acusó al expresidente Bernabé Peralta, a la directora de Administración y Finanzas, Fabiana Benítez, a la jefa de Tesorería, Rossana Isabel Ramírez, y la jefa de Contabilidad, Fulvia Fernández, de haber orquestado el siniestro para hacer desaparecer rastros del desvío de fondos de la caja.

Según la versión del acusado, Fabiana Benítez le había comentado días antes del incendio que Peralta necesitaba eliminar o hacer desaparecer unas carpetas. A cambio, Kiessel recibiría G. 3 millones, aunque supuestamente se negó a realizar dicho "trabajo".

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"Desde un principio me negué a realizar dicho pedido porque sería muy peligroso y la única opción que tenían o querían era provocar un incendio, fingiendo que fue provocado por un cortocircuito. Llegó el momento en que la directora Fabiana Benítez me amenazó diciendo que tengo que tengo que hacer sí o sí porque me afectaba a mí también", reza parte de la declaración del acusado.

Desde un principio me negué a realizar dicho pedido porque sería muy peligroso y la única opción que tenían o querían era provocar un incendio, fingiendo que fue provocado por un cortocircuito

El 16 de mayo se registró un incendio en la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal y enseguida comenzaron las sospechas de una quema de archivos para ocultar los desvíos de fondos. Justamente, Keissel, uno de los procesados por el siniestro, confesó ser el supuesto autor, pero aclaró que había actuado por presión de los directores.

El siniestro se produjo en un momento en que la Contraloría General impulsaba una auditoría sobre las financias de esta entidad y los manejos poco claros de las diversas directivas en la concesión de abultados créditos que no fueron devueltos.