Con una deuda que asciende los 476 millones de dólares, la caja de jubilados del sector docente a nivel nacional se encuentra en quiebra técnica. Desde el 2014, el sistema previsional del magisterio viene absorbiendo fondos de su caja hermana correspondientes a los funcionarios administrativos del Estado.

El gobierno de Santiago Peña prometió impulsar una serie de modificaciones fiscales para intentar salvar la situación de las cajas de jubilación, pero hasta el momento, no se conoció ninguna reunión o convocatoria para evaluar la situación. Mientras tanto, el déficit sigue aumentando mes a mes en perjuicio de centenares de aportantes.

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"Los datos oficiales del Ministerio de Economía nos confirman nuestros mayores temores. Arrastra una deuda de aproximadamente 376 millones de dólares y esto muy grave. Ponete a penar que el funcionario público cuando se jubile no va a poder retirar dinero porque también va a estar quebrada", indicó Rubén Irala, representante del Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación.

Cuando se jubile, el funcionario público no va a poder retirar dinero porque también va a estar quebrada

Irala responsabilizó de la crítica situación financiera al Ministerio de Economía, que se enfrenta a un tsunami de acciones de inconstitucionalidad individuales por parte de los aportantes que buscan proteger sus fondos jubilatorios.

Jorge Brítez, titular del IPS, con el presidente Santiago Peña.

Presidencia de la República

"Esto no puede ser. Que yo haya aportado toda mi vida y cuando me jubile no tenga fondos porque mi dinero se usó para otro grupo. Estamos hablando de 200 mil personas que están siendo afectadas en sus jubilaciones. Por eso importante que el Estado aporte como patronal al IPS y cubrir los déficit como corresponde", subrayó el funcionario.

El gobierno impulsa proyectos legislativos que buscan cubrir los agujeros en las cajas deficitarias de docentes, militares y policías. Ya en abril, el ingeniero Pedro Ferreira señalaba que la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social tenía estabilidad para una década.

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Según datos a los que accedió LPO, la caja fiscal de los docentes alcanzó este punto crítico debido a que los años de aportes no superan los 25. En cambio, los años de aportes requeridos para los policías y militares son 30 y para los trabajadores de la administración pública, 40.  

Los sindicatos docentes constituyen el gremio con mayores beneficios gracias a su capacidad de presión. Días atrás, el gobierno difundió el pago de unos 3.500 millones de guaraníes a un grupo de docentes "reemplazantes" que se desempeñaron en el aula entre los años 2019 al 2020.