El reciente análisis del economista Rodrigo Ibarrola, integrante del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguya (CADEP) señala que los ingresos reales de los asalariados privados bajaron. Los datos, basados en información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), van en sentido contrario a la narrativa que intenta instalar el Gobierno de Santiago Peña para defender su gestión económica.

El deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado se aceleró entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de este año. El estudio de Ibarrola reveló que los trabajadores privados sufrieron una caída del 2,6% en sus ingresos, mientras que los empleados públicos registraron una disminución del 1,5%.

La oposición presiona al Gobierno para cambiar el cálculo del salario mínimo

Por su parte, Peña está empeñado en celebrar como grandes éxitos de su gobierno los eventos multitudinarios del World Rally Tour y los Panamericanos Junior, cuya inyección de recursos, si bien importante para los rubros hotelero y turístico, resulta efímera y no estructural para la economía familiar.

Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía.

El análisis de Ibarrola expone una realidad paradójica: mientras el 20% más pobre de la población (quintil 1) vio aumentar sus ingresos en un 16,6% y el quintil 2 en un 14,1%, el quintil más rico (el 5) se desplomó un 7,9%. Si bien este dato indica una leve reducción en la desigualdad, evidencia sobre todo la marcada precariedad del mercado laboral, donde la informalidad alcanza a casi 6 de cada 10 asalariados.

El ajuste del salario mínimo en 3,6% (apenas G. 100.000) fue considerado insuficiente por los trabajadores, lo que motivó a la oposición y al Gobierno a discutir el cálculo que se hace para el salario y la canasta básica. Referentes opositores, como la senadora Esperanza Martínez, presentaron proyectos para reformular el precio de los alimentos para las familias más vulnerables y de clase media.

El estudio de Ibarrola reveló que los trabajadores privados sufrieron una caída del 2,6% en sus ingresos, mientras que los empleados públicos registraron una disminución del 1,5%

En ese contexto, Peña salió a pedir en conferencia de prensa que supermercados y productores "bajen los precios", una medida que muchos tildaron de desesperada. El presidente también ordenó un reajuste a la baja en los combustibles de Petropar, que forzó una disminución de más de G. 300 en las estaciones privadas. Además, el Ejecutivo apuró el tratamiento en el Congreso de un paquete de leyes económicas para contener la escalada de los precios y prevenir prácticas abusivas para los consumidores.

Sara Irún, titular de Sedeco.

La reforma de Peña, secundada por Carlos Fernández Valdovinos y Javier Giménez, contempla la flexibilización del régimen tributario para inversionistas y exoneraciones para la compra de maquinarias y el impuesto a la distribución de utilidades. A su vez, el paquete propone incluir al sector de servicios en el régimen de maquila, con una ley de ensamblaje para electrodomésticos y electrónicos.

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Las tres propuestas, con media sanción en el Senado, fueron criticadas por la oposición, que denunció falta de socialización y beneficios desmedidos para empresarios. Para garantizar mejores precios para el consumidor, Peña desató una ofensiva contra empresas acusadas de no cumplir con la ley. El caso más sonado fue el de Biggie, la cadena de minimercados propiedad en un 50% del Grupo Azeta, bloque empresarial opositor al Gobierno.

La suspensión de la venta de alimentos -por productos remarcados y en mal estado- motivó el cierre temporal de sus 263 locales, una medida de un impacto mediático brutal que muchos analistas interpretaron como un mensaje político a Natalia Zuccolillo. El análisis de Ibarrola aclara, además, que el quintil más rico corresponde a aquellos que ganan 6 millones de guaraníes o más al mes. Estos fueron los que perdieron ingresos.