La posible intervención del distrito de Lima, en el departamento de San Pedro, divide al comando político de Honor Colorado, donde el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, busca blindar al intendente Juan Manuel Ávalos Vera y así evitar que el gobernador Fredy D'Ecclesiis amplíe su poderío de cara a las municipales.
Dentro de ocho días, Diputados evaluará por tercera vez el pedido de intervención de una de las administraciones con mayor cantidad de denuncias por nepotismo y desvío de fondos destinados a obras, solo superada por el intendente colorado -y padre del senador Hernán Rivas- Isidro Rivas de Tomás Romero Pereira, en Itapúa, también en la cuerda floja.
Proveniente de una familia de escasos recursos, la declaración de bienes del intendente da cuenta de un patrimonio en efectivo de G. 55 mil millones, según la Contraloría General de la República (CGR). El incremento patrimonial genera ruido en la ciudad que gobierna.
El Frente Guasú le bajó el pulgar al jefe comunal, al igual que los dirigentes de Fuerza Republicana. Para sumar a la crisis que vive Lima, los concejales de la Junta Municipal y los convencionales pusieron sus afiliaciones a disposición del presidente Santiago Peña y el líder de la ANR, Horacio Cartes, molestos por haber trabado los pedidos de intervención en dos oportunidades.
El principal respaldo del jefe comunal -que accedió al cargo a través del Frente Guasú- es la concejal Nilsa Cantero Díaz, prima del titular del MAG, quien hoy desactiva todo intento de intervención con apoyo del gabinete presidencial.
"Pedimos una bajada de línea del presente Peña y de Horacio Cartes. El comando lo rotuló como un problema entre Giménez y D'Ecclesiis y no es así. El cartismo blinda a un intendente de la oposición. Nuestras afiliaciones están a disposición del presidente del partido", aseguró a LPO el convencional Julio Franco.
La fortuna que ostenta Ávalos está siendo investigada por la Contraloría. El organismo sospecha que 186 llamados a licitación por montos millonarios fueron amañados y dirigidos a una sola empresa constructora, de nombre San Lucas, que se hizo con prácticamente todos los fondos para obras complementarias en la ciudad.
Sin mencionar la creación de una ONG, llamada Comisión por la Vida y la Soberanía, que desembolsó fondos sociales para pozos artesianos, tanques de agua y alambrado perimetral de campos comunales en la Colonia Primavera. Además, esta organización impulsó trabajos de construcción y reparación de escuelas y entregó recursos a una asociación de feriantes de Lima, donde la tía del intendente se desempeña como síndica.
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La ONG también financia a la Organización de Productores Agropecuarios de Lima (OPAL), presidida por Eustaciano Ávalos, padre del intendente. Otro familiar beneficiado en los negocios es Benjamín Vera, tío del jefe comunal, que por medio de empresas de maletín lidera una serie de obras en el Centro de Salud de Lima, una muralla para la comisaría de la ciudad y una caseta por G. 214 millones, la refacción de la escuela 232 por G. 400 millones y de la escuela Naciones Unidas por G. 380 millones, entre otras, todas ellas realizadas con maquinarias de la administración municipal.
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