Tras el pedido de intervención de los municipios de Asunción y Ciudad del Este, referentes de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, apuntan al presidente Santiago Peña y al líder de la ANR, Horacio Cartes, por el blindaje a ciertas administraciones como la de Isidro Rivas, padre del senador Hernán Rivas, ya que desgasta la imagen del partido.

Pero no solo el Ejecutivo o la Junta de Gobierno se encargan de proteger a los intendentes amigos. En 2023, la Cámara de Diputados cajoneó los pedidos de intervención de Puerto Casado, administrado por Hilario Adorno, hermano del diputado cartista Domingo "Mino" Adorno, y Valenzuela, en manos de la liberal Mirtha Fernández.

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Lo mismo ocurrió con Tomás Olmedo en Ñemby, Luciano Cañete en Carapeguá, Miguel Ángel Gray en San José del Rosario, César Darío Machuca en Ybyrarobaná y Manuel Ávalos en Lima. En el caso de Tomás R. Pereira, la voz cantante la lleva el concejal Adalberto Caballero, precandidato a la intendencia por el equipo del senador Juan Afara.

Santiago Peña y Horacio Cartes. 

Caballero calificó de "evidente" la persecución al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por parte del Partido Colorado, lo que podría ser un tiro en el pie por la popularidad del dirigente opositor. De hecho, el concejal no descartó que la solicitud de la Contraloría se traduzca en un impulso de la imagen presidencial de Prieto, que batalla por consolidar un liderazgo propio a nivel nacional.

"Yo le pregunto al presidente Peña y a Horacio Cartes por qué le tapan a esta clase de tipo. Ensucian la imagen del partido y lo desgastan. ¿Por qué no se intervino el municipio? Existen todas las pruebas y Economía sigue desembolsando los fondos. A Prieto lo están persiguiendo, eso se nota y es una vergüenza", aseguró el precandidato a LPO.

¿Por qué no se intervino el municipio? Existen todas las pruebas y Economía sigue desembolsando los fondos. A Prieto lo están persiguiendo, eso se nota y es una vergüenza

Caballero denunció el uso de G. 60 mil millones para obras e inversiones que nunca pudieron ser constatadas. De los G. 1.200 millones presupuestado para combustible, la comuna notificó el uso de unos G. 925 millones para echar a funcionar tractores, que a pesar de pertenecer al municipio, pasaron a trabajar para "empresas de maletín" de allegados al intendente. Las acusaciones contra los jefes comunales, que se repiten en otros puntos del país, pone en duda las intenciones de la Contraloría hacia Prieto y Nenecho Rodríguez. 

Camilo Benítez y Basilio "Bachi" Núñez.

"Todas las documentaciones fueron entregadas a laContraloría. Pero llamativamente nunca encontró errores. En 2023 iba a hacerde urgencia una intervención, pero hasta hoy no existe informe a la JuntaMunicipal. Ahora todas las máquinas están descompuestas y algunos no sabemosdónde están", explicó el concejal colorado.

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Cabe mencionar que Rivas no consiguió el aval de sus últimos cuatro balances de ejecución del presupuesto por parte de la Junta. En este sentido, el pleno de los concejales solicitó al Ministerio Público que avance en la investigación de los hechos punibles que se le imputan para que el Clan Rivas no siga al frente de la comuna.