El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, compareció este martes ante la Comisión Permanente del Congreso para presentar las cifras del sistema jubilatorio. La Caja Fiscal cerró 2025 con un déficit de US$ 380 millones, mientras los docentes anticiparon que no volverán a clases si no se escuchan sus recomendaciones, lo que pone al Gobierno bajo presión a menos de dos meses del inicio del ciclo lectivo.

"El problema es grande, no solamente por la cifra actual, sino por la velocidad del deterioro", advirtió Valdovinos. El titular del MEF dijo que si no se actuaba rápido, el descalce financiero podría crecer a un ritmo de casi US$ 100 millones adicionales por año, llevando al sistema al borde del colapso.

Los maestros rechazan la reforma de la caja fiscal y amenazan con no arrancar las clases

El ministro atribuyó la crisis a un diseño que permite retiros a edades extremadamente tempranas en algunos sectores, sin una edad mínima establecida. "El principal factor es que no existe una edad mínima de jubilación. Hubo gente que se jubiló con 35 años, es insostenible", sostuvo Valdovinos, quien apuntó especialmente a los regímenes de las Fuerzas Públicas, el Magisterio Nacional y los docentes universitarios.

La propuesta del Ejecutivo, presentada formalmente al Congreso, busca atacar este núcleo del déficit. El proyecto establece una edad mínima de jubilación a los 57 años y un tope a los 62 para los sectores que hoy no tienen límite, alineándolos con el régimen general de la administración pública. También propone aumentar la tasa de aporte combinada al 22% (19% del trabajador y 3% del Estado como empleador) y reformular el cálculo del haber jubilatorio.

Valdovinos, Soroka y Bachi.

Valdovinos fue claro al señalar que la solución requiere un esfuerzo compartido y que no habrá medidas mágicas. "Todos vamos a tener que apretar. El Estado, los que participan de las cajas", declaró. Sin embargo, el ministro aseguró que la reforma respeta los derechos adquiridos, es decir, quienes ya están jubilados o en trámite continuarán bajo las reglas actuales: el objetivo, según sus proyecciones, es reducir entre un 50% y 60% el déficit anual con las nuevas reglas.

Desde el legislativo, el presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka, respaldó la urgencia de la reforma con palabras aún más fuertes. "Tenemos un agujero de US$ 380 millones de dólares.Hay que sacar un salvavidas como sea", señaló tras criticar a quienes postergan decisiones difíciles por temor al costo político.

Los principales sindicatos docentes del país -la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) y la Federación de Educadores del Paraguay (FEP)- ya articulan un rechazo frontal y preparan una contrapropuesta.

Los gremios, que representan a unos 60 mil afiliados, sostienen que el Estado es el principal deudor del sistema. Exigen que el aporte patronal no sea del 3% propuesto, sino que se eleve al 14%, y reclaman que el Gobierno central se ponga al día con una deuda histórica con los trabajadores que estiman en US$ 4.200 millones. Además, rechazan de plano el establecimiento de una edad tope para jubilarse.

Los docentes argumentan que, conforme a la Constitución, los aportes deberían ser manejados por un ente autárquico participativo, un mandato que no se cumple. Advirtieron que, si el gobierno de Santiago Peña insiste en apurar su proyecto sin diálogo, el inicio del ciclo lectivo podría estar en riesgo, lo que deja entrever la posibilidad de medidas de fuerza.