Con el traslado definitivo de José Luis Torales, presidente interino del Partido Encuentro Nacional (PEN) al Congreso, Camilo BenÃtez y Augusto Paiva quedaron en la lÃnea de fuego de los senadores oficialistas, que ya hablan de la posibilidad de un juicio polÃtico por haber blanqueado a un funcionario que supuestamente violó el código de ética de la ContralorÃa.
Torales, secretario de la senadora opositora Kattya Gónzalez, fue acusado por Dionisio Amarilla, liberal aliado al cartismo, de hacer polÃtica durante su paso por la ContralorÃa. Y también dijo que el subcontralor se expone a un juicio polÃtico por "tenderle la mano" al titular del PEN. Incluso señaló al propio BenÃtez.
"Lo que correspondÃa era abrirle un sumario a este muchacho (Torales) y no tenderle la mano, dándole traslado definitivo al Senado sin lÃnea presupuestaria y sin carga. Lo que corresponde es que Paiva revoqué su nota o el Contralor, porque esto es motivo de juicio polÃtico para el contralor", sostuvo Amarilla.
El actual asesor de la senadora cuenta con una denuncia por cobro indebido de honorarios por supuestamente haber sido beneficiado con tres remuneraciones del Congreso. Torales se defendió de las acusaciones y dijo que las asignaciones se encuentran adjudicadas de forma legal en concepto de salario, responsabilidad en el cargo y bonificaciones. Torales accedió a la presidencia del PEN tras la renuncia de Fernando Camacho, envuelto en el escándalo de toma de tierras públicas en Remansito, mientras era funcionario de la ContralorÃa.
Paiva liberó a Torales a través de la aprobación de su transferencia "sin lÃnea presupuestaria o salario" de la ContralorÃa al Senado en tan solo 24 horas, cuando el tiempo normal de los traslados lleva alrededor de 30 dÃas, lo que fue aprovechado por los rivales de Kattya para posicionar un ataque contra la oposición y el contralor.
BenÃtez está en la mira del gobierno desde hace varias semanas. El contralor general viene de rebajar la iniciativa de Santiago Peña de reformar el Fonacide por falta de recursos para concretar mayores controles a las gobernaciones y municipios y pedir los fondos prometidos por Itaipú para compensar la falta de presupuesto del órgano.
La semana pasada, la ContralorÃa emitió un informe en el que criticaba la falta de acciones del gobierno para contener la alta deuda pública y revertir la ineficiencia en el IPS y en la compra de medicamentos, la gestión del transporte público y la fiscalización del subsidio Tekoporã, entre otros puntos.
El cortocircuito con Peña comenzó luego de que vetara un proyecto para que la ContralorÃa fiscalizara a instituciones que hasta el momento le reportaba al Tribunal de Cuentas, por presión de la Corte Suprema de Justicia, y promulgara la modificación de la ley de Conflicto de Intereses, que reduce las restricciones a los altos funcionarios. BenÃtez lo enfrentó abiertamente y pidió revertir los cambios.
Tras las declaraciones de Dionisio se sumó el diputado cartista Rodrigo Gamarra. "Si en esta situación estaba involucrado un colorado, el escándalo serÃa mundial. Hay una violación al código de ética a sabiendas de parte de todos ellos, es tráfico de influencias fehacientemente comprobado", dijo. El legislador adelantó que Honor Colorado estudiará enjuiciar a Paiva, aunque la verdadera intención del oficialismo es enviarle un mensaje a su jefe.
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