Para verificar las aparentes irregularidades que existen en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, la diputada patriaqueridista RocÃo Vallejo solicitó a la Comisión Permanente que trate un proyecto para instar al presidente Santiago Peña a que inicie una intervención.
El órgano encargado de tomar esas acciones es la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, por lo que Peña se verá forzado a reglamentar la ley que dio origen a su creación. La situación de la caja municipal es crÃtica y los diputados firmantes hablan de un desfalco de G. 140.000 millones y 215 municipalidades de las 260 que están en mora.
Jubilados y pensionados de la caja indicaron que no percibieron sus pagos de diciembre y, como medida paliativa, la administración de Bernabé Peralta tuvo que priorizar los desembolsos para las personas que cobran menos de G. 2.400.000.
Peralta, la máxima autoridad de la caja municipal, indicó que el organismo no están en quiebra y que en realidad el problema es que los municipios no están transfiriendo el aporte que corresponde a los cotizantes de la caja, es decir, que están reteniendo el salario y lo que tienen que pagar a las administraciones comunales.
La comisión directiva de la caja calcula que hay un impago que acumula ya los G. 7.360 millones. Los diputados ya analizaron el informe que les remitió la caja y a criterio de Vallejo, lo indicado serÃa que el gobierno central encuentre una manera para intervenir la institución y garantizar su solvencia y sostenibilidad.
Este pedido coincide con un grupo importante de jubilados que hace dÃas está protestando frente a las oficinas de la caja, ubicadas sobre BenjamÃn Constant, en el microcentro de Asunción. "No podemos esperar a que se reglamente la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones para tomar cartas en el asunto. Le pido encarecidamente al presidente Peña que intervenga, porque los jubilados no están percibiendo sus haberes", resaltó Vallejo.
Aparte del default, llama la atención que en los registros de la caja aparecen inversiones sin rentabilidad, como la de una empresa llamada Chemtec, que recibió US$ 3 millones de la caja y ahora se declara en "cesación de pago", en otras palabras, en quiebra. El único camino posible para la intervención es poner a funcionar la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones aprobada recién el 14 de diciembre, hace poco más de un mes.
Esta institución es la única que puede realizar lo que pide la diputada Vallejo y parte de los jubilados. Sin embargo, no cuenta con reglamentación, superintendente designado o con el consejo de seguridad social que gobierna la superintendencia, pese a la urgencia del gobierno por pasar el proyecto de ley al filo del receso parlamentario.
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