Almuerzo escolar
Exclusivo: Peña manda la enmienda al Senado y da por cerrada la crisis con los intendentes
El gobierno propuso que las municipalidades reciban el total del impuesto inmobiliario que recaudan. El cambio implica una enmienda constitucional que Peña ya tenía preparada desde antes de la reunión con los intendentes.

Santiago Peña prepara una propuesta para aumentar todavía más las recaudaciones de las municipalidades a través de un proyecto para que el 100% del impuesto inmobiliario que cobran las intendencias quede en sus cajas. Es la alternativa que encontró para cerrar la crisis con los jefes municipales y salvar su programa de "Hambre cero". 

Actualmente, el 15% se transfiere a las gobernaciones y otro 15% a municipios con menor recaudación. El problema es que esta distribución es una disposición de la Constitución, es decir, no puede cambiarse por una ley. En ese sentido, el senador Derlis Maidana confirmó a LPO que el gobierno presentará un proyecto de enmienda constitucional para modificar el artículo 169.

"Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El setenta por ciento de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, el quince por ciento en la del departamento respectivo y el quince por ciento restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de acuerdo con la ley", expresa el artículo constitucional.

Los intendentes le ganan la pulseada a Peña y se quedan con el Fonacide y los royalties 

Peña apunta a que ese 30% que se transfiere quede para la gestión de los intendentes. Sería la segunda enmienda a la Constitución de 1992. La primera fue durante el gobierno de Fernando Lugo y permitió que los residentes en el extranjero pudieran votar en las elecciones generales. En la era de Horacio Cartes hubo un intento de enmienda para habilitar la reelección, pero fracasó por el levantamiento de la oposición y gran parte de la población.

El presidente del Senado, Beto Ovelar. 

En esta ocasión, Peña busca llamativamente congraciarse con los intendentes que le generaron una crisis política en respuesta a su proyecto sobre el almuerzo escolar, que elimina el Fonacide y crea el Fonae, y que originalmente excluía a los jefes comunales de toda la gestión de la alimentación, además de restarles el 20% de lo que reciben de los royalties y el 100% de lo que reciben del Fonacide.

Estos recortes le son repuestos en una nueva versión del proyecto, pero ya bajo el concepto de obras, liberándoles del almuerzo pero sin sacarles recursos, una cesión de Peña por la presión que parte de todas las bases coloradas, dos años antes de las elecciones municipales.

La propuesta de Peña ya se tenía un día antes, cuando se reunió el Comando Nacional de Honor Colorado. El vicepresidente Pedro Alliana confirmó que en ese encuentro armaron un nuevo proyecto para anticiparse a la conversación con intendentes. Poco antes del encuentro con los intendentes, Silvio "Beto" Ovelar, sugirió cambios en el proyecto, aunque no dio pistas sobre la enmienda.

La propuesta de Peña ya se tenía un día antes, cuando se reunió el Comando Nacional de Honor Colorado. El vicepresidente Pedro Alliana confirmó que en ese encuentro armaron un nuevo proyecto para anticiparse a la conversación con intendentes

Uno de los más molestos con esta reforma del sistema de almuerzo escolar es el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, quien queda sin la gestión del almuerzo, ya que el departamento queda en manos del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, todo el dinero del Fonacide le será despojado. El dirigente liberal lamentó que se hayan hecho concesiones con los intendentes pero no para los demás afectados.

La urgencia del gobierno pasa por concentrar lo antes posible los recursos para el almuerzo y la merienda en los colegios y, sobre todo, distender el vínculo con los territorios. La enmienda ya estaba en los planes del gobierno desde la semana pasada, cuando la rebelión de los intendentes preanunciaba un conflicto sin fin y amenazaba con frustrar uno de los principales proyectos de la agenda social de Peña para su segundo año de mandato. 

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