La Cámara de Diputados postergó este martes el tratamiento de la ley de protección de datos personales por falta de consenso sobre su versión final, lo que generó críticas por la supuesta intención de proteger a funcionarios bajo investigación. La norma, ya aprobada en general, enfrenta divergencias entre la propuesta de la comisión de Equidad y Género y la de Ciencia y Tecnología, esta última con mayor respaldo de activistas y opositores por considerarla más transparente en su planteo.

El punto más polémico está en el artículo 24, que permite restringir el acceso a datos de funcionarios públicos, algo que podría debilitar la ley 5282/14 de libre acceso a la información pública. Con las versiones sobre la mesa se crearía una instancia de apelación para que el funcionario rechace el acceso a sus datos de interés público.

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El proyecto establece que, ante solicitudes de información sobre funcionarios, éstos serán notificados y podrán negarse a proporcionar los datos, dejando la decisión final en una Agencia de Control. Este mecanismo fue tildado de "blindaje" para casos de corrupción, como sucedió en el pasado. 

Los diputados Miguel del Puerto y Rocío Abed.

Existen antecedentes que suscitan sospechas. En el gobierno anterior, el Banco Central del Paraguay (BCP) respondió con un informe tachado a un pedido del Congreso sobre las operaciones de Darío Messer, vinculado al expresidente Horacio Cartes, por tratarse de un secreto bancario. En ese momento, el BCP ocultó detalles de inspecciones al Banco Basa del Grupo Cartes entre 2013 y 2018, relacionadas con lavado de dinero, lo que fue denunciado como un obstáculo a la transparencia. 

La entonces senadora Desirée Masi había calificado la respuesta del BCP como una "burla" y señalado que la institución podía solicitar reserva sin censurar documentos clave. Este caso evidenció cómo el secreto bancario y normas de protección pueden entorpecer una investigación.

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Críticos como el exsenador Jorge Querey advirtieron que, bajo argumentos de protección de datos, se "blanquean" irregularidades, como ocurrió con la multa al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el caso Messer, donde solo se sancionó a la entidad y no a individuos responsables.

La polémica se agrava porque la norma podría contravenir fallos judiciales que reconocen el carácter público de resultados sumariales, como el del Tribunal de Apelación en 2016, que obligó al BCP a crear un registro de sanciones

La polémica se agrava porque la norma podría contravenir fallos judiciales que reconocen el carácter público de resultados sumariales, como el del Tribunal de Apelación en 2016, que obligó al BCP a crear un registro de sanciones. Además, choca con estándares internacionales de transparencia, una cuestión que preocupa al Gobierno.

En el propio cartismo aún no hay una línea clara sobre la ley, pero desde la comisión de Equidad, presidida por Rocío Abed, insisten en que su dictamen sea usado como base. Aparte de la posible creación de una instancia de apelación, también hay ajustes criticados en la redacción, como la falta de claridad en las sanciones y los montos elevados que figuran como multas para las personas jurídicas y físicas castigadas.