Los gremios de docentes, expolicías y militares retirados presentaron este martes una propuesta alternativa para la reforma de la Caja Fiscal y rechazaron tanto la idea del Ejecutivo de establecer una edad mínima para jubilarse como aquella que busca aumentar el porcentaje de aportes de los funcionarios activos.
La movilización, que congregó a representantes de los tres sectores frente a la sede del Congreso, metió presión a la Comisión Permanente para que recibiera su proyecto e instalase una mesa técnica de negociación con el Gobierno de Santiago Peña.
La situación tensa la relación del oficialismo con una base electoral clave dentro del Partido Colorado y, sobre todo, pone en riesgo la gobernabilidad, ya que estos funcionarios y jubilados representan una porción significativa de los votantes colorados.
Los sectores movilizados, conscientes de la necesidad de un cambio estructural, pero opuestos a que "los más débiles paguen el precio", plantean una serie de medidas alternativas a las del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. En rigor, los afectados proponen aplicar una tasa a sojeros y arrocereos por la explotación de tierras, si bien aclaran que no se trata de subir un impuesto existente, sino de crear una nueva fuente de financiación.
Mientras tanto, la propuesta de los maestros, liderada por el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, exige que en lugar de modificar la edad de jubilación se incremente el aporte del Estado, que actualmente es de US$ 380 millones anuales. Además, los docentes reclaman que cualquier reforma que se apruebe no sea retroactiva y se aplique únicamente a los nuevos aportantes para proteger los derechos adquiridos.
En el marco de la reforma también surgieron críticas al Congreso por mantener su privilegiada caja jubilatoria. El titular del Congreso, Basilio "Bachi" Nuñez, sentó una postura favorable a un futuro ajuste, luego de fracasar en su intento de atajar la demanda.
"Yo decía que sería injusto que todos los paraguayos paguemos la jubilación de los parlamentarios. Queremos dar una señal de que la caja parlamentaria también va a ajustar los cinturones", apuntó Bachi. Sin embargo, los congresistas mantienen una posición más corporativa que va desde una revisión tímida de sus propias jubilaciones hasta el rechazo frontal a la propuesta del diputado opositor Raúl Benítez de eliminarla de plano.
Los gremios respondieron con dureza a la idea de Valdovinos de incrementar el IVA para financiar el mayor aporte estatal a la Caja Fiscal y hasta lo acusaron de pretender "enemistar a los ciudadanos y funcionarios del Estado" para crear un clima favorable a su reforma. "Somos conscientes de la importancia de hacer cambios estructurales, pero eso no significa que los más débiles paguen el precio", señalaron durante la protesta.
La pelota está ahora en la cancha de la Comisión Permanente del Congreso, presidida por Colym Soroka, quien debe decidir si socializa el proyecto alternativo. Los sindicatos mantendrán la presión para la instalación de la mesa técnica, un espacio que consideran indispensable para una negociación real.
Soroka, un colorado disidente, había prometido que escucharía a todos los sectores y también se mostró proclive a tocar la caja jubilatoria del Congreso. Al igual que Raúl Benítez, Colym está a favor de la eliminación de la caja que hoy almacena aportes de todos los parlamentarios y exparlamentarios y permite que un legislador pueda jubilarse con tan solo dos periodos.
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