Los sindicatos de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) decidieron avanzar en negociaciones para frenar el anteproyecto de ley que permitiría destinar, por decisión del presidente de la empresa, Óscar Stark, a cientos de funcionarios a otras instituciones del Estado. 

La iniciativa que impulsa el diputado José Rodríguez busca dar continuidad a las medidas financieras para reflotar la estatal, que actualmente se encuentra con números en rojo, mientras se aguarda la llegada de inversores a finales de este mes.

La propuesta de Rodríguez cuenta con apoyo del directorio de Copaco y pretende establecer un procedimiento claro y directo para autorizar la transferencia laboral del personal activo del ente hacia cualquier otra institución que requiera sus servicios.

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Sin embargo, el anteproyecto presenta varias imprecisiones que hoy son cuestionadas por los distintos gremios sindicales, principalmente en lo referente a la cantidad real de funcionarios en planilla y a vacíos legales en la iniciativa. Estos argumentos sustentan el pedido de que el proyecto sea enviado al archivo antes de su tratamiento en el pleno.

Gustavo Villate.

"Entre los principales puntos cuestionados está la cantidad de funcionarios. En el proyecto se habla de 3.000, pero en realidad no superan los 2.000. Otro aspecto es la falta de reglamentación por parte de la Dirección de Empresas Públicas, que hasta ahora no se manifestó sobre la iniciativa", dijo a LPO Rolando Melgarejo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Copaco (Sitranco).

En paralelo, Stark avanza en gestiones para que unos G. 72.000 millones sean transferidos por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), producto de la venta de tierras que pertenecían a la compañía, concretada meses atrás. Estos recursos serían destinados a financiar la jubilación de unos 600 empleados, cuyo beneficio requiere un piso aproximado de G. 30 millones por persona.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Copaco como una salida a la situación que veníamos trabajando. Existen, sin embargo, detalles legales que deben ajustarse, como la cantidad de funcionarios a ser destinados, ya que actualmente no superan los 2.300 y en el proyecto se habla de 3.000

Según datos oficiales, la administración de Stark logró reducir unos 550 funcionarios, lo que representa una disminución del gasto mensual de aproximadamente G. 2.600 millones.

"La iniciativa cuenta con el apoyo de Copaco como una salida a la situación que veníamos trabajando. Existen, sin embargo, detalles legales que deben ajustarse, como la cantidad de funcionarios a ser destinados, ya que actualmente no superan los 2.300 y en el proyecto se habla de 3.000", indicó una alta fuente de la empresa pública a este medio.

En paralelo, Stark gestiona que unos 60 funcionarios actualmente activos en distintas instituciones del Estado pasen a integrar sus respectivas plantillas de origen, lo que permitiría liberar a Copaco de la obligación de pagar sus salarios.