En medio de crecientes tensiones por el atraso en el pago de subsidios y amenazas de nuevas reguladas por parte de los empresarios, el proyecto de ley de reforma del sistema de transporte público -impulsado por 14 diputados opositores- corre el riesgo de postergarse nuevamente en la Cámara Baja. El tratamiento de la propuesta figura como el noveno punto del orden del día de la sesión ordinaria de este martes, pero la falta de dictamen en comisiones anticipa un posible aplazamiento.

El núcleo de la reforma radica en un cambio sustancial del mecanismo de subsidio: dejar de pagar por pasajero transportado y hacerlo por kilómetro recorrido. Esta modificación apunta a terminar con el incentivo que tienen los empresarios para sacar menos buses a la calle y sobrecargar las unidades, lo que genera largas esperas y un servicio deficiente para los usuarios.

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Con el modelo propuesto, las empresas tendrían mayor incentivo para operar todas sus unidades, ya que su ingreso estaría ligado directamente a la cantidad de kilómetros recorridos. El diputado Raúl Benítez, uno de los proyectistas junto al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, criticó la actitud del oficialismo, al que acusa de proteger los intereses empresariales. "La amenaza de paro total es puro teatro. Hay un contubernio entre autoridades y empresarios para evitar cualquier cambio real", apuntó.

El diputado Raúl Benítez.

Benítez aseguró que el sistema actual opera como un "cartel de la mafia" y cuestionó al Ejecutivo por seguir dilatando el envío de su propio proyecto de reforma, anunciado desde que Santiago Peña asumió la presidencia en agosto de 2023. En este contexto, los empresarios del transporte reclaman el atraso del Estado en el pago de subsidios.

El presidente de la Cetrapam, César Ruiz Díaz, confirmó que hasta el momento solo se abonó lo correspondiente a abril y que la deuda acumulada ya supera los dos meses. Si bien negó que el gremio esté exigiendo una suba de la tarifa técnica, volvió a lanzar fuertes críticas al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, a quien calificó de "inoperante".

La amenaza de paro total es puro teatro. Hay un contubernio entre autoridades y empresarios para evitar cualquier cambio real

Con todo, Ruiz Díaz respaldó la gestión de Peña, una conducta que se explica porque el titular de Cetrapam fue gerente de la empresa Jaha, vinculada Horacio Cartes. La tensión se exacerbó la semana pasada cuando Fernández decidió no participar en un conversatorio clave organizado por la organización ciudadana Codeasu. Al evento asistieron representantes de diversos sectores, entre ellos Ruiz Díaz, Andrés Mallada (Ucetrama), el economista Jorge Garicoche, el urbanista Gonzalo Garay y el activista de Opama, Mauricio Maluff.

Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas. 

Presidencia de la República

La ausencia del viceministro fue leída como un nuevo gesto de desinterés del Ejecutivo hacia un debate amplio y participativo sobre la crisis del transporte. Por su parte, la titular del MOPC, Claudia Centurión, intentó calmar los ánimos y aseguró que se estaba avanzando en las conversaciones con los transportistas para saldar la deuda pendiente. También confirmó que el Gobierno buscaba reformar el sistema de tarifa técnica, si bien aclaró que cualquier cambio no implicará un aumento en el precio del pasaje para los usuarios.

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Sin embargo, la desconfianza es generalizada. Mientras desde el Ejecutivo se sigue hablando de "estudios" y "revisiones", en el Congreso gana fuerza la percepción de que no existe voluntad política real para tocar los intereses del poderoso gremio del transporte. En ese sentido, el proyecto presentado por la oposición no solo busca resolver un problema técnico, sino también exponer una estructura de poder enquistada en el Estado desde hace años.

La posible postergación del proyecto en Diputados será vista por muchos sectores como una victoria más del empresariado, que continúa operando bajo un esquema de subsidios con una prestación bastante cuestionable. Peña anunció la semana pasada que presentaría su proyecto de reforma, y el oficialismo buscaría discutir los dos -el del Gobierno y el de la oposición- al mismo tiempo.