El canciller Rubén RamÃrez Lezcano entregó al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Asunción, Robert Alter, dos ejemplares del documento final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) antilavado que presidió el oficialista Dionisio Amarilla, pese a que el Departamento de Estado norteamericano habÃa cuestionado sus procedimientos y el acoso a las ONG.
La comisión habÃa pedido la colaboración de la diplomacia estadounidense para hacer llegar los documentos a Marco Rubio e intentar cambiar la percepción reflejada en el último informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos. En el capÃtulo paraguayo, el reporte alertaba de las conductas autoritarias de la CBI, también integrada por el hoy embajador de Santiago Peña en Washington, Gustavo Leite.
EEUU condenó la CBI antilavado, mientras Dionisio va contra Biggie en el Senado
La CBI, bautizada por la oposición como "comisión garrote", fue creada para investigar hechos punibles relacionados con el lavado de dinero, contrabando y otros delitos económicos. Sin embargo, la comisión fue acuasada de perseguir a enemigos polÃticos, incluyendo a las ONG, medios de comunicación independientes y empresas crÃticas con el Gobierno: la misma conclusión a la que llegó la administración Trump.
Entre sus blancos predilectos se destacaron los medios del Grupo ABC y las ONG que cuestionaron el modelo de poder de Honor Colorado, cuyo lÃder Horacio Cartes fue designado "significativamente corrupto" por EEUU. El informe de la CBI, compuesto por nueve tomos y más de 1,300 folios, se estructura en ejes temáticos que incluyen el lavado de activos ligado al financiamiento polÃtico a través de organizaciones sin fines de lucro, el tráfico de armas y el blanqueo de capitales a través del sistema financiero.
Lezcano tuvo que complacer una vez más al ala dura del cartismo e interceder para salvar el poco o nulo prestigio de la CBI, que no logró probar ninguna de sus acusaciones iniciales debido a la falta de colaboración de instituciones clave, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que se negaron a proporcionar información por considerar que se buscaba consumar una maniobra de persecución polÃtica. Su titular, Óscar Orué, se escudó en restricciones legales que resguardan la confidencialidad de ciertos datos.
El documento de Rubio señaló que la comisión fue usada para intimidar a crÃticos del gobierno mediante falsas acusaciones y amenazas de sanciones legislativas, lo que afecta a la libertad de expresión y de asociación en el paÃs. El informe habla incluso de "deterioro democrático en Paraguay". Amarilla desacreditó el reporte y dijo que reflejaba la "ideologÃa" de la administración Biden y del exembajador Marc Ostfield: el informe fue elaborado por el actual gobierno republicano de Trump.
Amarilla asegura que su trabajo fue "solvente" y ahora busca llegar al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia a través de Lezcano y Alter. El senador Rafael Filizzola recordó que la CBI ni siquiera logró aprobar su informe en Diputados, a pesar de la mayorÃa oficialista, y describió la entrega del informe a Alter como un "acto de desesperación" del oficialismo por revertir la situación de Cartes en EEUU.
Por su parte, el exsenador Jorge Querey advirtió que si el informe incluye información sensible o con resguardo jurÃdico -como datos bancarios o de inteligencia financiera- su divulgación a un paÃs extranjero podrÃa ser ilegal. Filizzola también dijo a LPO que el responsable directo de darle un carácter "de Estado" a cuestiones domésticas era el canciller, al que le achacó una "gestión desastrosa".
Si bien la presencia de Leite como embajador en EEUU representa el ascenso del bloque más proestadounidense y conservador dentro del propio cartismo, Filizzola dijo que los malos manejos de los temas internacionales eran pura y exclusivamente obra de Lezcano.
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