La Cámara de Senadores rechazó el proyecto que "garantiza la protección ante el criadazgo de niños, niñas y adolescentes", si bien la iniciativa fue criticada tanto por oficialistas como por opositores. El senador cartista Gustavo Leite aseguró que se trataba de una ley anti Paraguay que no podÃa ser alentada por supuestos intereses extranjeros y pidió a sus colegas que sean más "patriotas".
"Esta es una ley anti natura, anti Paraguay, anti cultura paraguaya. Paraguay no puede ser criado de intereses extranjeros. Nosotros tenemos que ser un poco más patriotas, un poco más autonormativos y seguir mejorando", apuntó el legislador durante la sesión extra donde se discutió el proyecto de ley.
A pesar de las frÃas estadÃsticas sobre el criadazgo en Paraguay, Leite sostuvo que el paÃs no podÃa caer en lo que piden "desde afuera para estar bien con los de afuera". Además, el senador aludió a un supuesto programa de cooperación con la Unión Europea e instó a sus pares a tener madurez polÃtica para entender que no se puede forzar el cambio de cultura.
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La comisión de Legislación dictaminó por la aprobación, alegando que se trabajó bajo una misma lÃnea con las comisiones de Familia, Derechos Humanos y Pueblos IndÃgenas en los ajustes incorporados a la propuesta. El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados tras el rechazo en el Senado.
La propuesta planteaba penas carcelarias a los que incurran en esta práctica, pero finalmente fue descartado por la mayorÃa aplanadora del cartismo en la cámara alta. La senadora Yolanda Paredes fue una las que no votó, al igual que otros legisladores de la oposición como LÃder Amarilla y Salyn Buzarquis.
"Tanto versión Diputados como Senadores criminaliza el criadazgo y criminalizar el criadazgo es criminalizar una realidad social. Como han dicho otros colegas, la realidad social justamente proviene de las carencias", apuntó la senadora de Cruzada Nacional. La pena establecida para estos casos es de hasta 10 años de prisión.
Celeste Amarilla, Éver Villalba, Rafael Filizzola, Eduardo Nakayama, Ignacio Iramain y Esperanza MartÃnez votaron a favor. Lizarella Valiente fue la única que se unió a la oposición y se desmarcó de su propia bancada. "Es una práctica muy normalizada en nuestra cultura y no está bien. Voy a seguir trabajando para que se respete a la niñez", prometió.
Se estima que en Paraguay existen más de 60 mil menores de edad en situación de criadazgo. Según datos oficiales del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, ocho de cada 10 menores vÃctimas de explotación sexual estuvieron anteriormente en situación de criadazgo. Esta realidad choca con los discursos que intentaron relativizar el problema desde el Senado, algo que señaló Lizarella.
El proyecto, remitido por Diputados, buscaba resguardar a los menores de la explotación laboral y el trabajo forzoso, asociadas al criadazgo, si bien esta figura ya está contemplada en la ley especial de Trata de Personas.
El criadazgo es una práctica común en Paraguay que esconde el trabajo infantil. Los niños y niñas son entregados a personas de mejor posición económica -a veces son familiares, aunque no necesariamente-, otras veces extraños, bajo la promesa de acceso a alimentación y educación. En la mayorÃa de los casos, los utilizan como mano de obra gratuita; en el peor de los casos, suelen ser abusados por sus "tutores".
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Según los datos del Instituto Nacional de EstadÃstica (INE) existen alrededor de 60.000 niñas, niños y adolescentes bajo el régimen de criadazgo, coincidiendo con los datos del Ministerio de la Niñez. El departamento Central concentra el mayor porcentaje (31%) de los niños y niñas de 5 a 17 años en trabajo infantil doméstico. En Alto Paraná llega al 10,8%.
Paraguay está adherido diversos acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Además, en 2001 se estableció el Código de la Niñez y la Adolescencia. Existe también una Estrategia Nacional de Prevención del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente y se cuenta con una sistema de protección a los menores. En 2020 se sumó la ley que obliga al Estado a proporcionar amparo a aquellos niños cuyo cuidado no está garantizado.
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