El diputado Miguel del Puerto y el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, sufrieron una baja en su equipo luego de que Raúl Latorre anunciara este lunes el cese del comisionamiento de una de sus funcionarias y el inicio de una investigación judicial. Lo cierto es que el titular de la cámara baja logró desactivar un escándalo adicional que no necesita tras la polémica de los "nepo babies".
La decisión de Latorre se conoció después de la difusión de una serie de denuncias por estafa contra la supuesta abogada Anadelia Acosta, quien se apropió de una indemnización de 800 millones de guaranÃes concedida por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a una familia de escasos recursos que habÃa sufrido la muerte de sus integrantes debido a una electrocución en la comunidad de Jagua Kai, de la Municipalidad de R.I. Corrales.
Latorre, principal dirigente de la capital y potencial dupla presidencial de Pedro Alliana en 2028, está inmerso en un proceso de posicionamiento para ganarse la confianza de la ciudadanÃa con el impulso de medidas que transparente su liderazgo en la cámara baja. En los últimos tiempos, el jefe de Diputados fue blanco de ataques por casos de nepotismo y contratos sin concursos, lo que le forzó a montar una campaña de concurso público para nuevos funcionarios del Congreso.
"La funcionaria pertenece al cupo de Miguel del Puerto y del gobernador Marcelo Soto. Claro, hoy con el cese de su comisionamiento y la investigación fiscal ya todos la desconocen. Muy poco se conoce de ella porque muy poco venÃa por la cámara, otro de los motivos por el cual se argumenta la medida de Recursos Humanos", comentó un funcionario de la cámara baja a LPO.
La decisión de cesar a Acosta fue comunicada por el propio Latorre mediante sus redes sociales. "Tras la denuncia dada a conocer a través de los medios de comunicación masiva con respecto a la funcionaria Anadelia Acosta, he dispuesto el inmediato cese de comisionamiento, su puesta a disposición de Recursos Humanos y el inicio de una investigación", se lee en el mensaje del titular de Diputados.
El caso de la estafa se hizo evidente luego de que la supuesta abogada expusiera en sus redes la compra de una nueva camioneta tipo Kia Sportage cero kilómetro. La ostentosa adquisición se posteó después de que Acosta se apropiase de la indemnización de la ANDE. La ahora funcionaria sumariada percibÃa un salario de 5 millones de guaranÃes y pertenecÃa al equipo de del Puerto y del gobernador Soto.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, para lograr el cobro de la indemnización, Acosta conformó un grupo de ocho personas, algunos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que operó para quedarse con el dinero de la familia. Según los datos, la familia de Antonio Acosta Contreras solo recibió 45 millones de guaranÃes de los 400 millones que le corresponden por la tragedia.
En tanto, la otra familia afectadada, la de Mariano Casco, percibió 30 millones de guaranÃes. La fiscal Norma Salinas, atiende el caso, comentó a los medios que los investigados accedieron a devolver 200 millones de guaranÃes del total de 725 millones percibidos. En tanto, representantes legales de la ANDE también se sumarán a la demanda contra la funcionaria de Diputados y los ya imputados empleados del BNF.
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