Dentro del orden del día de este miércoles, el Senado tenía previsto tratar el proyecto que crea una comisión bicameral de investigación de lavado de dinero y delitos conexos, pero la sesión quedó sin quórum. La oposición dijo que la iniciativa era irregular y pidió que se explicitaran cuáles serían los casos a investigar para que no se use el espacio para perseguir a los críticos del Gobierno.

El proyecto de ley establece la creación de la comisión, que tendría cuatro miembros del Senado y cuatro de Diputados, con un presidente y un vicepresidente. La iniciativa llegó al Congreso sin fundamentación, lo cual es llamativo para el opositor Rafael Filizzola. "Esta comisión posee muchas atribuciones, puede recurrir a la fuerza pública, secuestrar documentos, pedir informes a instituciones, convocar a autoridades. No se puede conformar sin indicar para qué se crea", señaló el senador.

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Según el proyecto, la bicameral debe trabajar en conjunto con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), el Banco Central y la Fiscalía para investigar casos sospechosos de lavado. La presunción de la bancada democrática, que agrupa a la dispersa oposición, es que la comisión será conformada por una mayoría de cartistas y sus aliados y sobre la marcha pedirán investigar causas que no guarden relación con figuras del Gobierno.

Rocío Abed con Santiago Peña. 

La propuesta fue aprobada en la cámara de Diputados y tuvo la promoción directa de la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed. En el periodo parlamentario pasado, la llamada Comisión Bicameral de Investigación (CBI) fue utilizada para estudiar diversas causas que finalmente se unificaron en la investigación de todo un sistema de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.

La llamada Comisión Bicameral de Investigación (CBI) se concentró en denunciar la vinculación del expresidente Horacio Cartes como líder de un sistema de lavado de dinero

En su momento fue conocida como la Comisión Messer, pero al finalizar el periodo legislativo se concentró en denunciar la vinculación del expresidente Horacio Cartes como líder de un sistema de lavado de dinero. En ese momento, Mario Abdo Benítez todavía gobernaba en el Palacio de López y la guerra con el actual líder de la ANR estaba en su punto más caliente. 

El dictamen de la comisión terminó utilizándose para denunciar al exmandatario. En respuesta, Cartes denunció a funcionarios de la era abdista por una persecución política. Durante el funcionamiento de la CBI fueron citadas personalidades como el mismo Santiago Peña y el propio Cartes, que no acudió a la sesión de la comisión. Con este proyecto bautizado como "comisión garrote" por la oposición, la CBI duraría 90 días y deberá emitir un dictamen, pero el interrogante es sobre qué podría dictaminar si su conformación no está clara en cuanto a su objetivo.