Un grupo de diputados, senadores y referentes de la oposición presentaron una denuncia contra el Gobierno de Santiago Peña por las leyes electorales que aprobó el oficialismo en los últimos meses. 

La carta, firmada entre otros por Eduardo Nakayama, Esperanza Martínez, Celeste Amarilla y Hugo Fleitas, está dirigida a la oficina local de la OEA, la delegación de la Unión Europea y la embajada de Estados Unidos en Paraguay. También fue remitida a la ONU.

El anticartismo supo golpearle al presidente donde más le duele: las instancias internacionales donde Peña suele promocionar los avances económicos del país y comprometerse con el multilateralismo. El telón de fondo de la denuncia es la dilación en el proceso para adquirir las máquinas electorales que deben usarse el próximo año en los comicios municipales.

Los colorados buscan impedir el uso del padrón abierto para perjudicar a la oposición

"Expresamos nuestra profunda preocupación ante el progresivo y sistemático deterioro de la democracia representativa y pluralista en la República del Paraguay, un proceso que amenaza los fundamentos del Estado de Derecho y los derechos políticos de la ciudadanía", apunta el texto, que incluye las firmas de los senadores Éver Villalba, Rafael Filizzola y Yolanda Paredes, los diputados Rocío Vallejo, Raúl Benítez y Adrián "Billy" Vaesken y el titular de Patria Querida, Stephan Rasmussen.

Bachi Núñez, presidente del Senado.

"Si la facción que gobierna un país no respeta oposición ni disidencia, se convierte de facto en régimen de partido único", continúa la denuncia, que pone el foco en "las reformas electorales unilaterales e inconsultas" que Honor Colorado consiguió pasar en el Congreso sin mayores sobresaltos. Además, los referentes opositores aludieron al caso de la exsenadora Kattya González, expulsada de forma irregular hace más de un año, aún pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Si la facción que gobierna un país no respeta oposición ni disidencia, se convierte de facto en régimen de partido único

Más allá del freno al proceso de licitación de las máquinas para votar, la oposición alertó a la OEA, la ONU y al cuerpo diplomático acreditado en el país por dos leyes que afectan la participación en elecciones. En diciembre, el Senado sancionó la inscripción en el Registro Cívico Permanente, que deja de ser automática y complica a los residentes en el exterior. Los colorados insisten en que la norma es necesaria para depurar el padrón y evitar que figuren muertos en las listas.

Las organizaciones de migrantes la tacharon de "ley mordaza electoral": los paraguayos que están fuera del país tendrán que recorrer, en muchos casos, largas distancias hasta los consulados o las embajadas para ejercer su derecho al voto. La Coordinadora de la Migración Paraguaya, tal como la oposición ahora, prometió llevar la ley a la OEA.

Raúl Latorre, Pedro Alliana y Santiago Peña. 

Vicepresidencia

Pero el cartismo siguió avanzando en su arremetida. Cuatro meses después, en abril, la cámara alta aprobó la ley que modifica el Código Electoral y prohíbe a las concertaciones usar el padrón nacional para las elecciones internas. De esta forma, los padrones electorales pasan a ser propiedad exclusiva de cada partido político. Como las primarias son abiertas, el TSJE había dado luz verde a la utilización del registro nacional, aunque Honor Colorado insiste en que las concertaciones son alianzas circunstanciales y no son un partido en sí.

Para la CIDH, la expulsión de Kattya del Senado fue inconstitucional

Raúl Latorre, titular de Diputados, salió este miércoles a cruzar a la oposición. "Fue una posición partidaria. Esto recibió el acompañamiento tanto del sector oficialista como del sector de la disidencia. Todas las posiciones del partido, tanto en términos de apertura de listas y financiamiento político siempre se han inclinado hacia el empoderamiento del elector y la transparencia del sistema electoral", sostuvo.

Sin embargo, Filizzola habló de "deriva autoritaria" y "deterioro democrático". Por su parte, Salyn Buzarquis, otro de los firmantes -cuatro presidentes de partidos, diez senadores y 26 diputados en total-, aseguró que los cartistas "no son tan fuertes como tratan de aparentar". "Si uno es realmente fuerte no cambia las reglas del juego, está preparado para competir lícitamente y de manera limpia", dijo el senador liberal.