La ley del Servicio Civil consiguió mayor consenso en su última versión, que fue trabajada en conjunto por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación, Hacienda y Economía, y este miércoles sumó el apoyo de buena parte de la oposición en el Senado. El proyecto recibió duros cuestionamientos por parte de los sindicalistas de la función pública, pero hay votos para que pase a la cámara de Diputados.  

El titular del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, anticipó ayer martes en conferencia de prensa que la ley del Servicio Civil, que viene a reemplazar a la norma actual de la Función Pública, sería aprobada con 40 votos. El exjefe de bancada de Honor Colorado en la cámara alta, uno de los artífices del acuerdo con los opositores, trabajó para que el Gobierno de Santiago Peña consiguiera la aprobación sin mayores contratiempos. De los 39 senadores presentes en la sesión de esta tarde, 36 votaron a favor y solo tres en contra: Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y Yolanda Paredes.

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En setiembre, los miembros de la Bancada Democrática, salvo Yolanda Paredes, quien rechazó la invitación, y Eduardo Nakayama, que estaba fuera del país, fueron hasta Mburuvichá Róga para reunirse con el presidente, que les pidió que lo acompañaran en proyectos como el del Servicio Civil y el Registro Único Nacional, entre otras iniciativas que el Gobierno tiene pendientes en el Legislativo.

Basilio "Bachi" Núñez.

En esa oportunidad, los colorados se molestaron y fueron hasta la casa de gobierno para pedirle una audiencia exprés a Peña. Bachi fue quien actuó de nexo con la oposición. El oficialismo les prometió a los legisladores anticartistas que habría mayor discusión en los proyectos importantes y que la llamada "aplanadora cartista" bajaría un cambio.

El acuerdo no se respetó en el caso del RUN, pero con la ley del Servicio Civil al menos hubo acuerdos. De hecho, en el pleno se tratarán cerca de 103 objeciones de los 148 artículos que tiene el texto. La propuesta cuenta con tratamiento de código, lo que significa que los legisladores tenían un plazo para enviar impugnaciones. Así, aquellos artículos que no hayan sido objetados no serán discutidos en el estadio de oradores.

Bachi fue quien actuó de nexo con la oposición. El oficialismo les prometió a los legisladores anticartistas que habría mayor discusión en los proyectos importantes y que la llamada 'aplanadora cartista' bajaría un cambio

La sesión en el Senado entró en receso tras el choque entre Celeste Amarilla y Dionisio Amarilla. El enfrentamiento causó el enojo de Bachi, quien decidió levantar la sesión ordinaria. Para las 13:30 se convocó a una extraordinaria con los puntos más importantes del orden del día: el endeudamiento con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para educación, la prórroga de dos meses para la comisión antilavado y, finalmente, la ley del Servicio Civil.

Santiago Peña. 

Rafael Filizzola, del PDP, reconoció que la ley que está impulsando el Gobierno es mejor a la que rige actualmente. "El Ejecutivo actuó con prudencia al no incluir al Legislativo y al Judicial en ley de la carrera civil para no repetir lo que pasó con ley 1.626, perforada por recursos de inconstitucionalidad. La nueva será más completa y abarcante", comentó esta mañana a Radio Monumental.

Uno de los cuestionamientos que apareció en las últimas dos semanas se dió luego de que el jefe de bancada del cartismo, Natalicio Chase, asegurase que solamente el Poder Ejecutivo sería afectado por la nueva legislación, excluyendo así a los otros dos poderes. Igualmente, la oposición coincidió con esa visión del Gobierno. "Estamos en un 80% de acuerdo con el texto", dijo Eduardo Nakayama, más benevolente con el proyecto.

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Los sindicatos de la función pública, e incluso la Coordinadora Colorada de Funcionarios Públicos, se expresaron en contra de la ley y fueron hasta el Congreso para evitar la aprobación de varios puntos. Según uno de los asesores jurídicos de la CUT, Guillermo Gamarra, lo que más preocupa a los trabajadores es que las huelgas estén restringidas por las instituciones y que solamente los directivos sindicales puedan ejercer su derecho a parar. 

También se teme que haya un retroceso en la manera de negociar los contratos colectivos y que la matriz salarial sea realizada por el Ministerio de Economía, al igual que la administración de bancancias. "Además se viola la Constitución Nacional porque el IPS y las municipalidades deberán tener autorización para hacer efectivo el contrato colectivo y sus beneficios económicos, siendo que son instituciones descentralizadas", apuntó.