Corte Suprema
La Corte niega sobrefacturación en la compra de camionetas mientras aumenta la presión por la mafia de los pagarés
Los ministros del máximo tribunal se reunieron con Soroka en medio del caso de sobrecostos. La Corte habría pagado G. 178 millones por unidad.

La Corte Suprema de Justicia quedó en el centro de las críticas tras la adquisición de nueve camionetas destinadas a los ministros del máximo tribunal, por un valor unitario de G. 573.500.000. El monto difiere de los precios de referencia, ya que tiene un costo de mercado de G. 395 millones. El caso salió a la luz mientras los jueces se preparaban para asistir a una reunión en el Congreso en torno a la "mafia de los pagarés", un asunto que pone en jaque a los miembros de la Corte.

Ante las denuncias, la Corte tuvo que sacar un comunicado en el que explicaba que la compra se había efectuado mediante un proceso de licitación gestionado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y por lo tanto ajustado a la ley. Pero la transacción coincidió con la invitación del senador Colym Soroka, titular de la Comisión Permanente, quien había amagado con el juicio político contra los ministros.  

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Desde la Corte señalaron que el precio de referencia correspondía a una versión del vehículo con menor cilindrada, sin equipamiento adicional ni cobertura de seguro contra todo riesgo. Supuestamente, las camionetas adquiridas cuentan con un motor de mayor capacidad y especificaciones técnicas superiores, establecidas en el pliego de bases y condiciones del llamado.

En medio de los cuestionamientos, los ministros de la Corte mantuvieron este martes una reunión con los integrantes de la Comisión Permanente, donde expusieron el nivel de complejidad y la alta carga de trabajo que enfrenta actualmente el Poder Judicial en distintos frentes. Soroka lo recibió con gafas de sol y una ironía: "No pensé que iban a venir". 

César Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Durante el encuentro, los miembros de la comisión insistieron en la necesidad de una mayor celeridad en las actuaciones judiciales, especialmente en causas sensibles, para que los responsables de hechos delictivos reciban una sanción. En verdad, los diputados y senadores estaban pensando en la "mafia de los pagarés". Colym, que abandonó la cruzada por el juicio político -alentado por las protestas de las víctimas-, les pidió implacabilidad.

Pero el encuentro solo dejó promesas. Los ministros se excusaron en limitaciones estructurales, como la falta de recursos humanos y los procedimientos legales vigentes, para justificar la lentitud en las investigaciones vinculadas al caso.

La "mafia de los pagarés" es una red que habría operado mediante el uso de documentos irregulares para promover embargos judiciales contra trabajadores, principalmente del sector público, como docentes y policías. Los ministros de la Corte insisten en que todos los procedimientos se realizan con los "plazos legales" establecidos.

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Según datos oficiales, la Corte Suprema identificó más de 23.000 expedientes con indicios de irregularidades y avanzó en un proceso de revisión que derivó en miles de anulaciones y finiquitos en juzgados de paz de Asunción y Central.

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