Función pública
La ley de Peña contra el nepotismo no incluye al Congreso y Bachi ya firmó 400 contratos
La ley del servicio civil al final no contempla los contratos discrecionales en el Congreso. Se excluye a una decena de instituciones mientras los colorados ya se preparan para 2026.

El cartismo se cuidó de no perder su fuente de contratos temporales en un momento cercano a la precampaña para las municipales y ante un problema que marcó a este gobierno desde el principio: los reclamos de las bases por los cargos. El proyecto de ley de la carrera civil que ahora se estudia en el Senado y deberá tratarse en noviembre excluye finalmente al Congreso, donde se han dado los casos más conocidos de nepotismo.

En el momento en que se daban los casos más escandalosos de contratos de familiares, que fueron conocidos por los "nepo babies", Santiago Peña decidió remitir su proyecto al Congreso como reacción a la crisis. El presidente había prometido que sería la solución "al problema moral" y que iba a profesionalizar la función pública. 

Sin embargo, la norma excluye no solo al Legislativo, sino también al Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Fiscalía General del Estado, las más de 250 municipalidades, universidades nacionales, la Contraloría General y el Banco Central.

Bachi pisa su palabra y rompe el récord de contrataciones amparado en la ley de excepción

Solamente Basilio "Bachi" Núñez, en sus pocos meses de gestión, ya concretó más de 400 contratos. Esto no será regulado por la ley de Peña y el Congreso podrá ajustarse a sus propias reglas, pese a las críticas por el prebendarismo y el clientelismo endilgados a los colorados. La ley del servicio civil solo incluirá al Poder Ejecutivo.

El presidente Santiago Peña. 

Ya a principio de este año, Peña se apartó del Legislativo para señalar como un conflicto moral y ético el hecho de incurrir en nepotismo o tráfico de influencias, y responsabilizó a los congresistas de estar obligados a impulsar una ley que aclare las reglas, aunque no se refirió al problema sistémico del Partido Colorado, que normalizó el modelo clientelar como forma de conseguir empleo y ubicar a leales y parientes en el Estado.

"Se han aplicado las leyes, de nepotismo y tráfico de influencia, están establecidas, no hay un incumplimiento de la ley. Yo creo que hay más que nada un problema ético y moral y eso choca contra la aplicación de las leyes. Cuando no hay leyes queremos aplicar criterios subjetivos, que capaz lo que es moralmente correcto para vos, no necesariamente sea moralmente correcto para todas las otras personas", recalcó entonces.

El proyecto en discusión prohíbe la contratación de parientes o cónyuges hasta el cuarto grado, pero abre una ventana por la que la legaliza en casos 'excepcionales' luego de haber acreditado la experiencia

El proyecto en discusión prohíbe la contratación de parientes o cónyuges hasta el cuarto grado, pero abre una ventana por la que la legaliza en casos "excepcionales" luego de haber acreditado la experiencia. La norma además permite la contratación de hasta tres asesores por autoridad y confirma la estabilidad laboral del funcionario a partir de los dos años.

El proyecto está causando fricciones en el Congreso porque los opositores cuestionan que no se incluya al Legislativo y piden más tiempo para debatir. Mientras se dan pronunciamiento de diferentes sectores, que además de rechazar esta versión reclaman que los congresistas vuelvan a los privilegios de cupos de combustibles y seguro médico cuando hay carencias en salud y educación.

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