Para las bases coloradas, la decisión de acelerar el tratamiento de las intervenciones a administraciones coloradas -que siguen bajo lupa por irregularidades varias- tiene como único objetivo absolver de culpa a los intendentes de Honor Colorado y blindarlos para que puedan avanzar en sus proyectos de reelección con miras a las municipales de 2026.
Pero esa protección no alcanzaría a todos los jefes comunales. En el caso de Lima, en el departamento de San Pedro, Juan Manuel Ávalos tendría las horas contadas por representar un cupo de la oposición y, sobre todo, por haber perdido el respaldo del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, quien lo sostenía políticamente.
Por otro lado, la suerte del intendente liberal de Emboscada, Silvio Andrés Peña, del también opositor de Yby Yaú, Vidal Arguello, y de Elvio Coronel, al frente de Juan Manuel Mallorquín, aún no está definida. Se espera una sentencia en las próximas horas.
Fue primicia de LPO: Olmedo se lanza a la reelección y desafía a Giani Ramírez en Ñemby
Por el contrario, quienes están a un paso de la absolución son Tomás Olmedo, intendente de Ñemby (Central), e Isidro Rivas, jefe comunal de Tomás Romero Pereira (Itapúa). Tras la plenaria de Honor Colorado del sábado pasado, ambos confirmaron que buscarán un nuevo mandato el año que viene.
Frente a este hipotético escenario -Diputados discutirá las intervenciones en unos días-, la disidencia colorada considera que el salvataje es una estrategia riesgosa, especialmente ante los bajos niveles de preferencia que padece el partido de gobierno entre sus propios afiliados. El blindaje aumenta las chances de que la ANR no sume intendencias en las municipales y, en el peor de los casos, pierda las que aún controla.
Una fuente del cartismo dijo a LPO que el presidente Santiago Peña ordenó evaluar los niveles de confianza que el Partido Colorado mantiene ante la ciudadanía en general. Los resultados reflejaron que, si hoy fueran las elecciones nacionales, el presidenciable Miguel Prieto lograría una victoria por más de 27 puntos de ventaja sobre el oficialismo.
"La decisión de blindar a sus intendentes no ayuda en nada para las municipales. Peña y el comando manejan sondeos que no favorecen al partido y que hablan de dar un golpe de timón de forma urgente. Pero blindarlos no ayuda a mejorar la imagen. A la disidencia capaz que le ayude en las internas, pero en las generales, no", explicó a este medio un presidente de seccional y concejal municipal de Honor Colorado.
No importa si se trata de jefes comunales cartistas o disidentes. Tanto las bases como la dirigencia en cada punto del país entiende que los pasos en falso de un bando u otro terminarán perjudicando al partido en su conjunto.
La evaluación de las intervenciones de los municipios en la mira se da a pocas semanas del inicio del receso parlamentario, previsto para el 21 de diciembre. Cabe destacar que ninguno de los intendentes cuyo destino está ahora en las manos del Congreso consiguió pasar por las comisiones especiales. Allí debían presentar su defensa ante las acusaciones de irregularidades financieras en sus administraciones comunales.
La ley 317/94, que reglamenta el proceso de intervención, establece un plazo mínimo de 60 días para investigar y emitir un informe final sobre la situación de cada jefe municipal. De concretarse las acusaciones por parte de los diputados, los municipios de la oposición podrían sufrir destituciones en mayo de 2026, es decir, en la víspera de las internas partidarias de junio.
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