La ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones quedó aprobada en el Congreso tras la sesión exprés en Diputados de este mediodÃa. El cartismo convocó a una extraordinaria para las 13:30 y en solo 11 minutos sancionó el proyecto, después de dos intentos fallidos por la mañana, entre denuncias de haber violado el reglamento interno. Pese a las dudas que habÃa sobre el tratamiento, LPO adelantó el martes que el gobierno irÃa a fondo y buscarÃa pasar la ley este miércoles.
La bancada de Honor Colorado consiguió los 42 votos para sesionar sin necesidad de recurrir a la oposición y a los colorados disidentes después de que tomara juramento Emilio Remesowski, en reemplazo del recientemente fallecido Walter Harms, un punto que no aparecÃa en el orden del dÃa. El Partido Colorado también puso en marcha una operación para acerca a Asunción a otros diputados para que llegaran a la votación: Francisco Petersen del departamento de Boquerón, Bettina Aguilera de Alto Paraná y Liz Acosta, del mismo departamento, quienes habrÃan viajado en avioneta.
Según menciona el reglamento interno de la cámara, el orden del dÃa para una sesión extraordinaria debe ser comunicado con al menos 12 horas de antelación. Además, el artÃculo 107 establece que no se estudiará ningún proyecto que no haya tenido mesa de entrada por lo menos 30 dÃas antes de la culminación del periodo anual, cuando faltan solo 15 dÃas para el receso parlamentario.
El titular de Diputados, Raúl Latorre, aseguró que la creación de la Superintendencia era necesaria y prometió que no se utilizarán los fondos jubilatorios de forma irresponsable. El rápido tratamiento del proyecto, que ahora debe ser promulgado por Santiago Peña, generó una reacción inmediata de los sindicatos docentes, que amenazaron con no iniciar las clases el próximo año lectivo. También lo hicieron los sindicalistas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), uno de los primeros gremios que convocaron a la movilización, que no descartan hacer "brazos caÃdos" en las subestaciones eléctricas.
La aprobación del proyecto se concretó luego de una semana dura para el oficialismo por el desgaste polÃtico, las diferencias al interior del Partido Colorado -la ley se demoró una semana en el Congreso por la falta de quorum propia en el Senado- y la presión de las calles, que hace apenas 24 horas se saldó con represión y detenidos en el centro de Asunción.
La intención del gobierno y de Latorre era aprobar la ley antes del receso parlamentario. El Ejecutivo cedió e introdujo una serie de cambios para que primero saliera en la cámara alta. El ministro de EconomÃa, Carlos Fernández Valdovinos, habÃa ofrecido una revisión de los artÃculos 31 y 43 para que recibiera el visto bueno de los senadores. Los cambios fueron presentados por Derlis Maidana, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, y luego de un tratamiento exprés fueron aprobados ayer martes.
El artÃculo 31 del proyecto original otorgaba inmunidad judicial al superintendente y a los interventores durante las intervenciones a cajas jubilatorias y solo podÃan ser denunciados al finalizar sus funciones. La versión actual establece que ningún funcionario estará exento de responsabilidad por su acción u omisión en el ejercicio de sus funciones.
Mediante el artÃculo 43, el gobierno aspiraba a derogar parte de la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) para abrir la puerta a que el organismo invertiera en bonos del Estado. Pero esa posibilidad quedó prohibida por un apartado expreso en la nueva versión que acaba de aprobarse en Diputados.
Según sectores de la oposición y los sindicatos movilizados, la finalidad del proyecto era que el IPS prestara dinero al Estado a través de bonos, sin garantÃas de que los recursos fueran devueltos eventualmente. Algunos analistas económicos calculan que, hasta la fecha, el Estado debe al Instituto alrededor de US$ 500 millones.
En la sesión del Senado solo corrieron las modificaciones propuestas por Derlis Maidana, aunque no fue el único que pidió cambios. El presidente de la cámara alta, Silvio Ovelar, sugirió que se excluyera del listado de cajas sujetas al control de la Superintendencia la de los trabajadores de Itaipú, donde su esposa Magnolia Mendoza es directora jurÃdica. El senador Maidana se opuso y finalmente la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) no pudo escapar de la iniciativa.
Las expectativas sobre el tratamiento en Diputados aumentaron tras la presencia de Valdovinos en la cámara, donde se habÃa reunido por la mañana con diputados para explicarles la importancia de la Superintendencia y llevar algo de calma a los que aún no estaban convencidos.
Esta mañana, a las 9:00, se intentó impulsar una sesión ordinaria que quedó sin quórum. Los 22 liberales, seis colorados de Fuerza Republicana y los nueve legisladores del tercer espacio abandonaron la sesión y prometieron no participar de la extraordinaria convocada para las 11:30 horas, que quedarÃa sin efecto. El abdista Edgar Olmedo le transmitió a Pedro Alliana que FR preferÃa postergar el debate. El vicepresidente habÃa intentado convencer, sin éxito, a los colorados disidentes. Latorre convocarÃa una nueva sesión extraordinaria, la tercera del dÃa, para pasar la ley antes de que terminara el año. Era la definitiva.
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