Santiago Peña ganó la pulseada al Congreso. El presidente ordenó este martes al titular del Senado, Silvio "Beto" Ovelar, que convocara a una sesión extraordinaria para pasar la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones, un proyecto resistido por los gremios, la oposición e incluso un sector de Honor Colorado. Para el gobierno era necesario no dilatar los tiempos con una iniciativa que es percibida como impopular, aunque el costo polÃtico lo pagarán los senadores.
Tal vez por eso se lo vio incómodo a Ovelar. El presidente de la cámara alta reconoció que la orden vino del Palacio de López, lo que demuestra quién se impuso después de casi una semana de impase. "Ya tengo el pedido para hoy. La urgencia es poner orden a una caja de jubilación que hoy no tiene ningún tipo de control", dijo. Beto era partidario de retrasar la discusión hasta 2024, pero durante la reunión del comando polÃtico de Honor Colorado del lunes se decidió apoyar la lÃnea de Peña, mayoritaria en el oficialismo.
El gobierno tiene los votos en el Senado, aunque no todos los legisladores darán un respaldo convencido. "Ya no hay tiempo. Se hizo todo muy mal desde el Ejecutivo, pero los cambios que se pidieron para dar tranquilidad a la ciudadanÃa y a los aportantes están contemplados. Si alargamos solo vamos a dividir aún más las aguas por más tiempo", dijo a LPO uno de los senadores de la órbita oficialista que el miércoles pasado dejaron sin quorum la sesión.
Carlos Fernández Valdovinos, ministro de EconomÃa, tuvo que salir a vender las modificaciones al texto para calmar a los sindicatos, que adelantaron la jugada del gobierno, y a los socios parlamentarios de HC, dentro y fuera del coloradismo. Según lo cambios, se atenuará la eliminación de la inmunidad de los interventores, habrá topes máximos a cada instrumento que puede ser objeto de inversión de cada caja y se incluye taxativamente la prohibición del IPS de conceder préstamos al Estado, entes descentralizados y municipios.
Para Peña se trata de tomarle el pulso no solo a la bancada de su partido, sino a la calle. Con los cambios en el proyecto, el gobierno intenta exponer a los sindicatos y grupos de jubilados como interlocutores intransigentes. Sin embargo, la imagen del dÃa será la de una manifestación a las puertas del Congreso mientras los senadores apuran la discusión de la ley más controvertida en estos cuatro meses de gestión peñista.
Tal como adelantó este medio, el presidente ya tiene confirmada a Mónica Recalde, ministra de Trabajo, como la persona al frente de la Superintendencia. El gobierno está presionado por el FMI para concretar una serie de reformas para obtener un crédito de 400 millones de dólares negociado durante la administración de Mario Abdo BanÃtez. De acuerdo a fuentes de la Presidencia, Peña nunca tuvo dudas de que la ley saldrÃa antes del receso parlamentario de verano.
La oposición denunció que HC ofreció un "bono de convencimiento" de 250 millones de guaranÃes para garantizar el voto de los aliados, una versión que Basilio "Bachi" Núñez descartó de plano. El jefe de la bancada oficialista en el Senado fue uno de los principales promotores del tratamiento exprés del proyecto y terminó imponiéndose dentro del grupo.
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