La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la reforma del transporte público, en medio de la fuerte presión de un sector de los empresarios para que no se apruebe el proyecto enviado por el Gobierno, sobre todo por el temor de que algunas compañías dejen de existir, ya que la mayoría pertenece a clanes familiares y no son eficientes.

Una gran parte de las empresas agremiadas al Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) está en contra de la reforma planteada por Santiago Peña. La posibilidad de "perder el negocio", que sigue siendo rentable para los empresarios, a pesar de las quejas del gremio con los atrasos en el pago del subsidio, les aterra. 

Mientras la reforma del transporte no avanza, las empresarios reciben USD 45 millones en subsidios

Fuentes del sector empresarial confirmaron a LPO que a muchas empresas les resulta más rentable cobrar el subsidio, por más atrasos que haya, porque no hay necesidad de sacar los buses a las calles para conseguir pasajeros. El esquema es simple: tienen un dinero prácticamente asegurado con la ayuda recibida del Estado, que orilla los USD 50 millones al año.

Otro temor de los empresarios es que la reforma del transporte puede significar el final de muchas empresas de clanes familiares porque no tienen previsibilidad y no cuentan son suficiente solvencia económica para adecuarse a las nuevas exigencias que plantea el proyecto

Otro temor de los empresarios es que la reforma ponga en jaque a aquellas firmas familiares porque no tienen previsibilidad y no cuentan son suficiente solvencia económica como para adecuarse a las nuevas exigencias que plantea el proyecto, ya que solo las compañías grandes tienen capacidad para adaptarse al nuevo modelo planteado por el Gobierno.

La vocera de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), Griselda Yúdice, consideró que la iniciativa no era prioridad para el Gobierno y por eso sigue estirando su aprobación. "Dilataron este proyecto a pesar de que tienen votos de su bancada de sobra en ambas cámaras. El Estado debe tomar las riendas y reformar, pero necesita recursos", dijo a este medio.

Santiago Peña y Claudia Centurión. 

MOPC

Al aprobarlo con modificaciones en la cámara baja, el proyecto vuelve ahora al Senado para su tratamiento, a puertas del receso parlamentario. Esta estrategia puede servir para dilatar mucho más el plan, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones municipales y la cautela del Gobierno a la hora de asumir el costo político que tendría distanciarse del gremio de los transportistas.

Un sector de los empresarios sí está a favor del proyecto de transformación porque de aprobarse implicará una mayor presencia de buses eléctricos, lo que favorecía a una empresa del transporte que a la vez es proveedora de este tipo de buses en Paraguay. Sin embargo, un diputado aseguró a este medio que el Gobierno quiere avanzar con el plan "sin presupuesto, sin definiciones operativas y con puras promesas que no tienen sustento".

Un sector de los empresarios sí está a favor del proyecto de transformación porque de aprobarse, implicará una mayor presencia de buses eléctricos, lo que favorecía a una empresa del transporte que a la vez es proveedora de este tipo de buses en Paraguay

Con las modificaciones realizadas por Diputados, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Ejecutivo.

Además, se establece que el transporte metropolitano es un servicio público imprescindible, lo que implica que el Estado debe asegurar su funcionamiento permanente y en condiciones adecuadas. También dispone que las concesiones para operar este servicio solo podrán adjudicarse mediante contratos formales y a través de un proceso de licitación pública.

Los empresarios amenazan con un paro y se posterga la reforma del transporte en Diputados

Al ser un servicio imprescindible, en caso de que haya huelga de los trabajadores o de los empresarios del transporte, se debe garantizar la operatividad de los buses. Otro cambio introducido pasa por la creación de un fideicomiso administrado por la Agencia Financiera para el Desarrollo (AFD) para financiar la modernización del transporte metropolitano.

Desde comienzos de 2024, el Gobierno viene trabajando en el proyecto de transformación del transporte público, pero sigue demorado en el Congreso. Ni siquiera se avanzó con la instalación de estaciones de carga eléctrica y talleres especializados para los buses eléctricos donados por Taiwán y que ya deberían estar en circulación como parte del proyecto.