El bloque cartista y sus aliados en el Senado están encaminando el tratamiento de la ley del Servicio Civil, uno de los proyectos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió aprobar. La idea del Gobierno de Santiago Peña es terminar este año con legislacion ya lista para que el organismo comience a desembolsar los recursos provenientes de los derechos especiales de giro (DEG).
En la última sesión ordinaria los senadores se comprometieron a hacer todos los ajustes al proyecto de ley "De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil" antes del 30 de octubre, asà tratan la iniciativa en el plenario el 13 de noviembre. Por su parte, la oposición solicitó esperar más tiempo para estudiar el proyecto en detalle, aunque fracasó.
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Según indicaron fuentes de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) a LPO, la reforma de la función pública es el siguiente paso que tenÃa que dar el Gobierno después de haber creado la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Ambas normas son parte de un paquete recomendado por el FMI al Ejecutivo paraguayo.
Según la senadora Esperanza MartÃnez, del Frente Guasú, los tiempos no cierran como para analizar la reforma, ya que el Congreso tiene otros proyectos igualmente relevantes y extensos que ameritan enfocar la discusión allÃ. Entre ellos citó el proyecto del Registro Unificado Nacional (RUN), que busca unificar a tres instituciones encargadas del registro inmobiliario, y el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025.
En contrapartida, la reforma de la caja fiscal recién se abordará el año que viene y, según el ministro de EconomÃa, Carlos Fernández Valdovinos, no se trata de patear para adelante el problema, sino que el Gobierno está ajustando los tiempos polÃticos, ya que se busca dar prioridad a la Ley de Servicio Civil para cumplir con el FMI.
Peña quiere acceder a los fondos del programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, que ofrece financiamiento a largo plazo a los paÃses que lleven a cabo reformas que reduzcan los riesgos para la estabilidad de la balanza de pagos, incluidos los relacionados con el cambio climático y la preparación para futuras pandemias.
La idea que tiene el Gobierno es evitar la movilización social y negociar algunos puntos como la estabilidad laboral y otros beneficios para funcionarios, a cambio de ajustes en los parámetros para la jubilación de todos los estamentos dependientes de los aportes del Estado para la jubilación.
Derlis se gana a los sindicatos y funcionarios del MEC tras quedarse con la ley del Servicio Civil
Actualmente la caja fiscal está compuesta por seis sectores y al mes de setiembre acumulaba un déficit global de más de G. 1,64 billones (US$ 213,6 millones al cambio actual), que representa el 42%. Los resultados financieros de las diferentes cajas fueron los siguientes: los empleados cuentan con un superávit del 20%, los magistrados judiciales con 31%, los universitarios con 18 %, los militares con 76%, la PolicÃa Nacional con 67% y los docentes con el 46%.
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