El Senado aprobó este martes en sesión extraordinaria una declaración para dejar por sentada su preocupación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tiene frenada desde abril la causa abierta por presunto lavado de dinero que involucra al Banco Atlas.

El pedido de la cámara alta, impulsado por Dionisio Amarilla, se suma al pedido de informe de Diputados al BCP sobre las operaciones del banco del Grupo Zuccolillo. 

La causa Atlas-Conmebol parte de la presunción de que el ya fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz, lavó dinero a través de ese banco. El Ministerio Público formuló una acusación formal a finales de abril pasado y solicitó elevar el caso a juicio oral y público para los imputados, entre ellos, Miguel Ángel Zaldívar, presidente de la entidad y marido de Natalia Zuccolillo.

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La causa se encuentra paralizada a la espera de la resolución de una recusación promovida por la defensa de uno de los procesados. En consencuencia, el estudio de recursos pendientes está impedido, lo que imposibilita definir si el expediente se ventilará en un juicio oral.

La acusación formulada por la Fiscalía habla de un esquema de operaciones financieras vinculadas a Leoz dentro del Banco Atlas, entre las que destacan irregularidades en 15 depósitos en efectivo realizados en 2013, los cuales sumaron cerca de US$ 5,1 millones.

Víctor Ríos. 

Según la investigación, por la envergadura y las características de las sumas depositadas, la entidad estaba obligada a aplicar controles y alertas reforzadas. Los fiscales apuntan a la aprobación y ratificación de contratos de fideicomiso en febrero de 2016 por parte del directorio de Atlas a favor de Leoz, momento en el cual ya pesaban sobre el exdirigente deportivo antecedentes judiciales de público conocimiento a nivel internacional.

Los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia ya emitieron sus respectivas posturas y ahora el pronunciamiento depende de Víctor Ríos, en cuyo despacho reposa el expediente desde el 25 de agosto.

El jueves pasado, la cámara baja se dirigió al BCP con una extensa lista de interrogantes sobre los controles realizados durante los últimos años y enviaron 31 puntos en torno a sanciones, fideicomisos y prevención de lavado de Atlas. El objetivo principal es conocer las actuaciones de supervisión del banco frente a años de advertencias. En el Grupo Zuccolillo, en cambio, ven una vendetta del oficialismo.

El jueves, la cámara baja se dirigió al BCP con una extensa lista de interrogantes sobre los controles realizados durante los últimos años y enviaron 31 puntos en torno a sanciones, fideicomisos y prevención de lavado de Atlas. En el Grupo Zuccolillo, en cambio, ven una vendetta del oficialismo

Los diputados quieren saber qué medidas adoptó el BCP tras la acusación presentada el 30 de abril por el Ministerio Público contra Zaldívar y otros directivos en la causa relacionada con Leoz. En el texto, los legisladores indican que es necesario determinar si la acusación provocó revisiones extraordinarias de la conducción del banco, las actas del directorio, las políticas de cumplimiento y eventuales responsabilidades internas.

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La cámara pidió identificar qué dependencia o autoridad verificó el cumplimiento de las advertencias formuladas en 2016 por la Superintendencia de Bancos sobre las operaciones fiduciarias vinculadas al difunto dirigente deportivo. Además, Diputados solicitó detallar la cantidad de inspecciones específicas realizadas sobre la actividad fiduciaria entre 2017 y 2026, incluyendo fechas, hallazgos, planes de regularización y eventuales sumarios.