La Cámara de Diputados definirá la semana que viene el destino de los pedidos de intervención a seis municipios, incluyendo casos políticamente sensibles como el de Isidro Rivas, intendente cartista de Tomás Romero Pereira (Itapúa) y padre del senador Hernán Rivas, y el de Tomás Olmedo, jefe comunal de Ñemby.
Tras una reunión de la mesa directiva se acordó incluir en el orden del día todas las solicitudes pendientes, lo que encaminaría a un blanqueo bajo el argumento de la proximidad de las elecciones municipales. Este escenario deja en evidencia la consolidación de un pacto entre la Asociación Nacional Republicana (ANR) y algunas facciones del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) más afines al oficialismo.
Diputados opositores como Raúl Benítez apuntaron que se replicaría la estrategia de 2024, cuando diez intervenciones fueron "blanqueadas" mediante acuerdos entre ambos partidos. "Pacto azulgrana y a dormir", resumió Benítez, criticando la falta de voluntad para investigar las presuntas irregularidades.
Los municipios en la mira son Tomás R. Pereira, gobernado por Rivas (ANR-cartista); Ñemby, en manos de Olmedo (ANR-cartista); Lima, junto a su intendente Juan Manuel Ávalos (PLRA); Ybyrarobaná, bajo la órbita de César Machuca (ANR); Emboscada, con Silvio Andrés Peña (PLRA) al frente; e Yby Yaú, encabezado por Vidal Argüello (PLRA).
La justificación esgrimida por los promotores del rechazo es que quedan apenas tres meses para las eventuales elecciones extraordinarias de noviembre. Rocío Abed, jefa de la bancada cartista, reconoció que los intendentes apuntados están "ahí nomás" de terminar sus mandatos y, por ende, las intervenciones carecen de sentido práctico. Esta postura omite que varios casos llevan meses en espera, una dilación estratégica si se compara con otros casos como el de Miguel Prieto en Ciudad del Este.
El diputado liberal Adrián Billy Vaesken negó la existencia del pacto azulgrana, pero admitió alianzas coyunturales entre el oficialismo y sectores colaboracionistas de su partido. Con todo, Vaesken aclaró que apoyaba las intervenciones cuando surgían desde las juntas municipales, un ámbito que consideró legítimo para tomar esa decisión.
Para casos como el de Rivas en Tomás R. Pereira -ya blindado en 2024-, el blanqueo significaría su segunda salvación en Diputados. La diferencia está en que el proceso actual coincide con la acusación a su hijo, el senador Hernán David Rivas, procesado por presuntamente falsificar su título.
La situación del clan de Itapúa es grave, ya que la confirmación de que Rivas estuvo en el JEM con un título falso de abogado alentaría a condenados a accionar contra los fallos que el actual senador firmó. Algunos juristas interpretan que se dará una especie de "nulidad masiva", aunque son solo opiniones.
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