En una polémica jugada, la Comisión Permanente del Congreso convocó a una sesión para el próximo jueves 5 de febrero, con el único fin de tratar el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. La aprobación de la convocatoria, solicitada por el diputado cartista José Rodríguez, fue criticada por los sectores afectados, maestros, policías y militares, que exigen un debate más exhaustivo y transparente.

Frente a las críticas por la celeridad del trámite, el titular del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, salió a defender la urgencia de la reforma por la crítica situación financiera. "Tenemos un déficit de G. 10.000 millones por día, está perdiendo el Estado paraguayo. El año pasado fue US$ 380 millones, la proyección es de US$ 500 millones para el próximo año", sostuvo.

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El senador aseguró que el sistema actual era insostenible y que de continuar "la gente que está aportando ya no se jubilará". Además, Bachi desestimó las acusaciones de apuro y hasta retó a los medios: "Nosotros los legisladores estamos cobrando sin trabajar, si usted quiere podemos hacer 34 renuncias".

Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente. 

El Gobierno, por su parte, intensifica sus esfuerzos para consolidar apoyos clave en el recinto. El ministro del Interior, Enrique Riera, se reunió el lunes pasado con un grupo de policías jubilados y posteriormente describió el encuentro como "muy positivo". Según su versión, los retirados entendieron que la iniciativa no afectaba los derechos adquiridos.

"Entendieron que a los jubilados no se les toca un pelo. Para ellos, es como si esta ley no existiera. Los derechos adquiridos siempre están 100% respetados", dijo Riera, que en un primer momento había tomado cierta distancia de la reforma jubilatoria para no enfurecer a la Policía Nacional, bajo la órbita de Interior.

Entendieron que a los jubilados no se les toca un pelo. Para ellos, es como si esta ley no existiera. Los derechos adquiridos siempre están 100% respetados

En la misma línea, el ministro de Defensa, Óscar González, ratificó el respaldo de las principales asociaciones de oficiales y suboficiales, tanto de la Policía como de la Fuerza Armada. "Están de acuerdo con todo lo que implica la aprobación del proyecto", afirmó. Con todo, González aclaró que estaban dispuestos a explicar los alcances de la reforma a otros sectores que se mantienen en desacuerdo o movilizados.

Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía.

Los gremios docente se posicionaron como uno de los opositores más frontales a la reforma, particularmente en contra del establecimiento de una edad mínima jubilatoria que, según el proyecto, se elevará a los 57 años.

Ante la convocatoria acelerada para el tratamiento en el pleno de Diputados, los maestros elevaron el tono de la protesta. Representantes del sector anunciaron que el próximo lunes, en asamblea, definirán concretamente si inician medidas de fuerza, incluyendo la posibilidad de no ir a clases, el escenario más temido por el Gobierno.

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Mientras el oficialismo presiona para lograr la sanción de la reforma, y apela a la emergencia financiera para asegurar consensos en las fuerzas de seguridad, un sector vital y numeroso como el educativo se alista para la confrontación. El enojo de los docentes también se extiende hacia opositotes a favor de la reforma, sobre todo después de los comentarios despectivos de la senadora liberal Celeste Amarilla, que los tachó de vagos.

Al margen, la propuesta de Raúl Benítez de eliminar la caja parlamentaria fue ninguneada por los congresistas, otro condimento que eleva tensiones en el estamento docente. Sucede que al momento de plantear la reforma de la caja fiscal, el Gobierno se encontró con que la oposición había logrado colar la discusión en torno a la jubilación de los parlamentarios, lo que obligó al oficialismo a improvisar alternativas a su eliminación.