La Cámara de Diputados aprobó este martes su propia versión del proyecto de ley que protege los datos personales, un texto que incluye la creación de una instancia de apelación a la que todo funcionario público puede recurrir para negarse entregar información. Activistas y referentes de la oposición consideran que los legisladores oficialistas buscan limitar el acceso a datos públicos y proteger a planilleros.

La diputada Rocío Abed fue quien propuso al pleno que la cámara baja aprobase la versión propia porque contaba con un "amplio debate". La líder de la bancada cartista aseguró que se hicieron auditorias públicas multisectoriales, de donde se tomaron sugerencias para terminar de darle forma a la ley.

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El punto más polémico del proyecto -que será discutido de nuevo por el Senado- pasa por la posible colisión entre la ley de protección de datos personales y la ley de acceso a la información pública. En el artículo 24 se incluye la posibilidad de que el funcionario público se niegue a entregar información, que en la norma se considera privada.

Miguel del Puerto y Rocío Abed.

Para determinar si es que corresponde o no un pedido, la solicitud hecha por un ciudadano particular o por un periodista pasará primero por una agencia especializada de datos personales, que emitirá un dictamen no vinculante, pero que establece un paso más y genera un insumo para que el funcionario en cuestión se niegue a reportar sobre su actividad en la función pública, por dar un ejemplo.

Para la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo, la finalidad de la versión finalmente aprobada busca proteger a los planilleros, que tuvieron un mal pasar cuando varios casos de funcionarios salieron a la luz. Algunos de ellos son los que protagonizaron la hija del vicepresidente Pedro Alliana, Montse Alliana, y el hijo de la diputada Roya Torres, Elías Godoy, entre los más resonados.

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Para Vallejo, ambas versiones son malas y lo ideal es que Santiago Peña vete la iniciativa, algo poco probable. Sin embargo, el texto de Diputados podría ser un mal menor si es que el Senado insiste con su versión, ya que la redacción es más clara en cuanto a que los funcionarios no pueden oponerse a entregar información de interés público, como los horarios de marcación, registro de reposos y otros documentos que comúnmente se manipulan para no ir a trabajar.

No solamente la oposición crítica el tono de este proyecto. También activistas por la transparencia y organizaciones no gubernamentales creen que el transfondo es el blindaje de funcionarios, lo cual consideran grave, porque hoy no existe normativa de protección de datos personales y por eso muchas personas son víctimas de estafas, acosos y otros delitos.