La Cámara de Senadores amplió las atribuciones de la comisión especial dedicada a investigar los presuntos abusos de las telefónicas para abordar el caso de la cadena Biggie, cerrada temporalmente por la Sedeco y la Dinavisa. Ahora, la comisión que preside Dionisio Amarilla tendrá la potestad de indagar lo sucedido con la empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo. 

La arremetida que prepara el senador liberal se da en medio de un duro informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre retrocesos en materia de libertad de expresión y de prensa en Paraguay. El documento de la administración Trump puso el foco en el Congreso, sobre todo por la creación de la comisión bicameral de investigación (CBI) antilavado por integrantes del cartismo y sus aliados.

Zuccolillo habló de abuso de poder y sumó el apoyo de los empresarios tras el cierre de Biggie

El documento menciona casos de censura a través de leyes que prohíben la difamación, la calumnia y la injuria para restringir el debate público o tomar represalias contra periodistas, medios de comunicación o propietarios de medios. Lo llamativo es que el texto es una iniciativa de Marco Rubio, considerado un aliado del cartismo, y habla expresamente de la CBI antilavado que comandaron Dionisio y Gustavo Leite, hoy embajador de Paraguay en Washington DC.

Pero el informe de EEUU no amilanó a Dionisio. El senador afín al cartismo es ahora el presidente de la comisión especial nacida a finales de julio para auditar a las empresas de telefonía celular, que servirá también para montarse en la "guerra" entre el Gobierno y el grupo empresarial de Natalia Zuccolillo.

Sería algo muy parecido a la comisión bicameral que trató los casos de lavado de dinero, pero especialmente los que involucraban al Banco Atlas y Gil­berto Suárez, supuesto testaferro del capo narco Luiz Carlos da Rocha, alias "Cabeza Branca". La CBI fue también la punta de lanza de Honor Colorado para arrinconar a las ONG. 

No podemos limitarnos a investigar solamente a las telefonías. Debemos abrir un capítulo para recibir denuncias de todo el mundo comercial que afecten a la salud y economía de las familias. Los mecanismos no dan respuestas rápidas

"No podemos limitarnos a investigar solamente a las telefonías. Debemos abrir un capítulo para recibir denuncias de todo el mundo comercial que afecten a la salud y economía de las familias. Los mecanismos no dan respuestas rápidas", apuntó el senador tras extender las facultades de la comisión especial.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.

AP.

Luego de obtener la aceptación de su propuesta, Amarilla convocó a una sesión de la comisión especial para mañana jueves a las 10:30, donde acudirá la ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, y el titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Jorge Iliou, por el caso de los supuestos abusos de las telefónicas, pero todo apunta a que el principal tema a tratar será la sanción a Biggie.

Para el senador José Oviedo, que forma parte de la comisión, el caso de la cadena debe resolverse lo antes posible para que puedan reabrir las sucursales y conservar los puestos de trabajo, si bien la ministra Mónica Recalde dijo que no estaban en riesgo. 

No sé si hubo productos vencidos remarcados o si era necesario cerrar todos los locales. Le pregunté al senador Amarilla para qué se convoca a la reunión de mañana y me dice que es por el tema de las telefonías y los presuntos abusos y no así el tema Biggie, pero seguramente van a tocar el tema

"Me toca estar en la comisión y voy a escuchar qué fue lo que ocurrió realmente. No sé si hubo productos vencidos remarcados o si era necesario cerrar todos los locales. Le pregunté al senador Amarilla para qué se convoca a la reunión de mañana y me dice que es por el tema de las telefonías y los presuntos abusos y no así el tema Biggie, pero seguramente van a tocar el tema", deslizó el legislador opositor a LPO.

El Gobierno manda a cerrar los locales de Biggie por vender productos vencidos y con doble etiquetado

Dinavisa resolvió cerrar temporalmente los locales de Biggie por vender productos vencidos y reetiquetados, algo que pone en riesgo la salud del consumidor, tras inspeccionar 12 sucursales de la cadena. La empresa cuenta con 263 locales a nivel país y emplea a alrededor de 5.300 personas de forma directa. Varios gremios salieron a respaldar a la cadena y rechazaron la decisión del Gobierno.