Con 41 votos a favor, los diputados aprobaron este jueves una versión modificada de la reforma de la Caja Fiscal, luego de un intenso debate que concluyó en un consenso dentro del propio bloque oficialista, pero con la salida de los legisladores opositores del recinto. La caja parlamentaria también fue tratada, pero solo se definieron nuevos parámetros, por lo que la jubilación de los congresistas queda casi intacta.

La versión que pasó al Senado establece que maestros, docentes universitarios y magistrados deberán alcanzar los 57 años y aportar 25 años para la jubilación ordinaria. Esto tendría una tasa de sustitución mínima de entre el 70% y el 85%.

Alertan que si el Gobierno toca la jubilación de los congresistas habrá una ola de demandas 

En cuanto a la jubilación extraordinaria los parámetros serían: 55 años mínimos con aporte de 30 años, con una tasa de sustitución de 60% al 70%. El prorrateo se basará en los últimos 10 años de aporte, con una suba gradual del 5%, tal como lo había anticipado el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, artífice de la reforma.

Carlos Fernández Valdovinos.

En el caso de las fuerzas públicas, el mínimo de edad es de 57 años con 25 años de aporte y tasas de sustitución que van del 70% al 85% para la jubilación ordinaria y 55 años con el 70% de la tasa sustitutiva para la extraordinaria.

Durante la discusión, el diputado cartista Rodrigo Gamarra reveló que fue Pedro Alliana el que consiguió convencer a los colorados de aceptar una propuesta intermedia al proyecto original del MEF. "La reforma llegó de la mano fría de los técnicos y ahora, gracias a la sensibilidad política logramos un consenso. Felicito a Alliana por inmiscuirse para buscar puntos intermedios", admitió.

La reforma llegó de la mano fría de los técnicos y ahora, gracias a la sensibilidad política logramos un consenso. Felicito a Alliana por inmiscuirse para buscar puntos intermedios

En la misma línea, pero desde una perspectiva contraria al Gobierno, el liberal Carlos Pereira aseguró que la versión aprobada este mediodía fue un plan de Alliana para posicionarse como una suerte de salvador y que los sindicalistas vuelvan a apoyar a la ANR en las urnas.

Pedro Alliana.

"Los mismos culpables saldrán como los responsables de la victoria. Nosotros tenemos que sacar planilleros y los legisladores deben dar el ejemplo", disparó Pereira. Por su parte, Diosnel Aguilera dijo que la reforma cortaba la soga por el lado más débil. "No es cierto que con esta sobrecarga a los trabajadores vamos a tener mejor educación, más medicamentos y mayor seguridad", afirmó.

Lo cierto es que Hugo Meza, un colorado afín al Ejecutivo, había avisado que la reforma no saldría si Valdovinos no rebajaba algunos puntos del proyecto. Alliana, presidente en ejercicio mientras Santiago Peña continúa su gira por Emiratos Árabes Unidos, llegó ayer miércoles al Congreso para calmar los ánimos. El titular de la cámara baja, Raúl Latorre, también se mostró a favor de adoptar una versión que sus colegas oficialistas pudieran votar sin asumir el costo político de una reforma poco atractiva. 

Antes de que los gremios que rachazan la reforma marcharan esta mañana desde Plaza Uruguaya hasta la sede del Legislativo, el vice organizó anoche una reunión de urgencia con los congresistas de Honor Colorado y los funcionarios del MEF para marcar la hoja de ruta. Fue en Mburuvicha Róga donde se decidieron los cambios que se terminarían votando en la sesión extraordinaria de este jueves. 

Piris trató al Gobierno de "tramposo" y Meza avisó que la reforma se traba si Valdovinos no hace concesiones

En cuanto a la caja de jubilaciones de los legisladores, de ahora en más los congresistas podrán jubilarse de forma ordinaria a los 60 años con tres periodos y acceder a la extraordinaria con dos periodos con 55 años. Meza propuso que se dejara explícitamente plasmado que el Estado no aportaría más a la caja y que solo se nutriría de los aportes de 24% sobre el salario del legislador.

Los docentes ya llamaron a huelga y amenazan con no ir el 23 de febrero a las escuelas, cuando está previsto el inicio de clases. Esto podría afectar no solamente al calendario lectivo, sino también los contratos del Estado con los proveedores de Hambre Cero.