La Cámara de Diputados aprobó este martes la ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) y la remitió de nuevo al Senado, un paso más para avanzar en el proyecto de tierras de Santiago Peña, que se impone por una mayorÃa ya que en realidad no tiene consenso entre los sectores sociales afectados.
De hecho, en la sesión de esta tarde, los opositores pidieron más tiempo para evaluar las modificaciones que se plantearon recién hoy para un proyecto de 217 artÃculos, e incluso un grupo decidió abandonar la sala en protesta por la imposición de la bancada cartista y sus aliados liberales que se quedaron para ayudar a dar quorum por la ausencia de muchos colorados.
Los escribanos están preocupados por la ley de tierras y critican el apuro del Gobierno
También para el gremio del sector de notarios hay un apuro innecesario en poner en vigencia la ley, que acumula excesivo rechazo también de organizaciones de geógrafos, campesinos, Colegio de Escribanos del Paraguay, Academia Notarial del Paraguay y Coordinadora de Catastro y Mutualidad Notarial.
"Esto está peor que nunca. Corrupción y atrasos. Si la ley entrará a regir en un año y dicen que no se podrá ver resultados en los próximos 4 o 5 años, por qué el apuro de que salga ahora", dijo la escribana Katia Ayala Ratti.
La crÃticas son muchas y será un desafÃo para el gobierno la aceptación polÃtica y la aplicación de la ley. El diputado liberal Rodrigo Blanco apuntó a que la norma no soluciona los problemas de fondo de la tierra en Paraguay. Uno de los señalamientos fue el artÃculo 126, que permite la inscripción de tÃtulos sin certificado de condiciones de dominio, solo generará un "carnaval".
Entre los cuestionamientos más graves se encuentra que podrÃan darse blanqueos de las tierras malhabidas, que es una herida abierta en la historia paraguaya desde que la Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que casi 8 millones de hectáreas se adjudicaron ilegalmente durante y después del stronismo, entre 1954 y 2003.
La conclusión fue que el 32,7% de las tierras arables pasaron a manos de personas no sujetas de la reforma agraria. Lo que debió ser para campesinos, pasó a grandes jerarcas y terrateniente tanto nacionales como extranjeros. Con esto se anula la lucha campesina, ya que el proyecto legaliza la tenencia irregular.
Otra crÃtica es que se excluye al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), precisamente, la institución que tiene la propiedad de las tierras para la comunidad campesina.
La ley crea el registro unificado nacional (RUN), que en esencia fusiona los Registros Públicos, dependiente de la Corte, con Catastro, de EconomÃa, además del Departamento de Agrimensura y Geodesia, de Obras Públicas. Su objetivo es solucionar, entre otras cosas, las interposiciones de los tÃtulos, pero los gremios consideran que será de difÃcil aplicación.
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Los escribanos como Gustavo BenÃtez acusan que la Corte, además de ser juez y parte, se quedará con millones de dólares que representan todas las recaudaciones de las tasas judiciales. Los diputados opositores también resaltaron este aspecto. La máxima instancia judicial es además proyectista junto con el Ejecutivo.
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