El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) antilavado, Dionisio Amarilla, respondió a la nota enviada por el estudio jurídico Colab Abogados EAS, en la que acusaba a la comisión de violar derechos constitucionales al pedir información privada. El senador defendió la legitimidad del órgano para pedir datos de carácter informativo y confirmó que irían a fondo, incluso contra periodistas que recibieron dinero de las ONG.

"Nosotros tenemos atribuciones constitucionales para solicitar información y nos parece un despropósito que el estudio jurídico quiera desacreditar la comisión", dijo Amarilla. Colab Abogados fue una de las 34 organizaciones a las que la CBI pidió información sobre programas que desarrollaron con organizaciones no gubernamentales. En el caso del estudio jurídico, con la agencia USAID de Estados Unidos.

Abogados destrozan a la comisión antilavado que les pidió información de fondos de EEUU

"No debemos doblegarnos a un pedido inconstitucional como este, que atenta contra la democracia, los principios y garantías constitucionales fundamentales y que socava el estado de derecho", mencionaba el escrito de los abogados. Si embargo, Amarilla aseguró que el rechazo de diferentes sectores solo confirma que existió un engranaje político y mediático financiado por organizaciones no gubernamentales para perseguir gente.

Gustavo Leite y Dionisio Amarilla.

Diniosio hacía una clara alusión al expresidente Horacio Cartes, quien denunció a varios funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez, incluso a su sucesor, por persecusión política. Entre los nombres que dio Dionisio y que están en la mira de la CBI aparecen los periodistas Benjamín Fernández Bogado, Federico Filártiga, Susana Oviedo y la activista  María Esther Roa, entre otros.

Lo que estaba haciendo Dionisio era preparar el terreno para que los trolls cartistas desataran una campaña de acoso en redes contra periodistas, intelectuales y militantes críticos con Honor Colorado. Los "hurreros digitales" subieron documentos a los que solo tenían acceso los miembros de la comisión y revelaron incluso la dirección de los domicilios de los "escrachados". Ninguno de ellos, de acuerdo a los datos filtrados, cometió delito alguno.

Los 'hurreros digitales' subieron documentos a los que solo tenían acceso los miembros de la comisión y revelaron incluso la dirección de los domicilios de los 'escrachados'. Ninguno de ellos, de acuerdo a los datos filtrados, cometió delito alguno

Según indicó a LPO el abogado Manuel Riera, los argumentos que usó Colab Abogados son acertados, debido a que la CBI está arrogándose atribuciones judiciales, secuestrando documentos, pidiendo información confidencial e incluso violando la libertad de realizar actividades que no están prohibidas. A su criterio, la comisión no tiene razón de ser ya que desde el inicio no tuvo fundamentos para su creación.

Aparte, Riera sostuvo que la función de la CBI no debe mirarse por separado del proyecto de ley que busca controlar a las ONG, que tiene media sanción y, de aprobarse, generaría un colapso en el funcionamiento público, debido a que las organizaciones deben reportar cada 6 meses al Ministerio de Economía. El presidente Santiago Peña se despegó del proyecto y reconoció que deberá modificarse en Diputados, ya que desde el Ejecutivo se bajó línea para que se pueda ajustar a la realidad.