La situación del Instituto de Previsión Social (IPS) es cada vez más complicada a causa de los malos manejos administrativos, algo que tiene directa incidencia en la calidad de los servicios, pero también por algunas movidas que salpican a Jorge Brítez. En un intento por salvar los papeles, el Congreso dio luz verde a una comisión bicameral de presupuesto para evaluar la deuda del Estado con la previsional.
Funcionarios destituidos y nombrados en otros cargos, los cobros de honorarios millonarios de un asesor jurídico y la comparecencia de Brítez ante la Comisión Permanente del Congreso por supuestas irregularidades en su gestión ponen a la previsional en la mira.
Durante su descargo en la Comisión Permanente, Brítez deslizó que había sectores interesados en ocupar su puesto e insistió en que no había asumido como titular de la previsional para enriquecerse ni proyectarse electoralmente. De hecho, el presidente del IPS prometió que no daría un paso al costado.
"No estoy dispuesto a tolerar esquemas de corrupción que manchen mi reputación, que me costó toda una vida construir. Hay una campaña agresiva contra esta administración y ante esto quiero ser claro: el supuesto colapso del IPS es una narrativa falsa, es mentira. Tengan la absoluta certeza que mientras yo esté al frente del IPS, las presiones no me van a quebrar", les dijo a los congresistas.
Pero Brítez evitó referirse a la reubicación de Jaime Joel Caballero Ruíz Díaz, removido recientemente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística en medio de fuertes críticas por el faltante de insumos básicos en hospitales de la previsional. Pese a su salida del puesto, en pocos días fue designado como asesor principal en la Caja Central, bajo la figura de cargo de confianza.
La decisión dejó al descubierto que Brítez optó por mantenerlo dentro de la institución, en un movimiento que generó críticas internas y externas. El nombramiento contradice el mensaje de corrección administrativa anunciado tras su remoción y refuerza la percepción de un blindaje a funcionarios con un pobre desempeño.
En paralelo, también se conocieron datos sobre el manejo de honorarios profesionales. José González, asesor jurídico de la institución, percibió más de G. 400 millones en concepto de honorarios vinculados a un juicio promovido por la propia previsional que derivó en un acuerdo extrajudicial con una empresa privada.
La Contraloría abrió un examen de correspondencia de bienes luego de detectar un incremento llamativo de su patrimonio. De acuerdo con el análisis comparativo de sus declaraciones juradas, el patrimonio neto de González pasó de G. 276 millones a G. 870 millones en apenas 15 meses. El aumento estaría sustentado principalmente en un mayor manejo de dinero en efectivo, inversiones y percepción de honorarios.
Según los antecedentes del caso, el acuerdo permitió el ingreso de sumas millonarias al IPS en los últimos dos años, lo que fue utilizado como argumento para justificar el pago de los honorarios, aprobados por el Consejo de Administración. El episodio se suma a una serie de revelaciones que mantienen bajo cuestionamiento los mecanismos de control, la asignación de cargos y el uso de recursos dentro de la previsional, en un contexto de creciente malestar por la calidad del servicio y la gestión de Brítez.
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