Menos de una semana después de que el presidente enviara un mensaje tranquilizador respecto al proyecto de ley contra las ONG, el cartismo duro volvió a apretar el acelerador esta semana, tanto en la comisión bicameral anti lavado, donde cargan toda su artillerÃa contra las organizaciones a las que consideran "enemigas", como en las redes sociales, con una abierta campaña de desprestigio contra sus representantes y periodistas crÃticos.
La estrategia dejó en evidencia no solo cuáles son las organizaciones contra las que el cartismo pretende avanzar, y que fueron aquellas que desde el principio denunciaron persecución por sus posturas. Además, la jugada puso sobre la mesa que la preocupación real no es contra el lavado de activos, sino contra el financiamiento extranjero.
La comisión antilavado convoca a operadores libertarios, mientras Peña pide bajar el tono
A la par, las movidas de los senadores más radicalizados confirmó el temor de que, al igual que ocurre con las ONG, los medios y los periodistas que suelen apuntar al oficialismo también forman parte de la "primera lÃnea" que el cartismo pretende atacar.
Y es que más allá de la amplitud del objeto de investigación de la CBI son solo un puñado las organizaciones que están bajo la lupa de sus miembros, más aún si se compara con la cantidad de instituciones sin fines de lucro inscritas en el registro de sujetos obligados de la SecretarÃa de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que casi llegan a las 1.600.
Peña y Alliana toman distancia de Cartes y hay desconcierto en el comando de Honor Colorado
Otro punto inquietante aparece al comparar la posición que tiene la comisión en manos de los senadores Dionisio Amarilla, Gustavo Leite y Colym Soroka, respecto a estas organizaciones -la mayorÃa financiada por organismos multilaterales- en comparación con aquellas que cada año -algunas con justa causa- recurren al Presupuesto General de la Nación y que solo en la última década significaron erogaciones por casi 443.500 millones de guaranÃes (casi 60 millones de dólares).
La OEA alerta sobre la ley anti ONG y Peña modera para posicionar a Lezcano
Desde la oposición, el senador Rafael Filzzola interpeló ayer miércoles a los integrantes de la comisión sobre cuál era el concepto que manejaban del lavado de dinero, teniendo en cuenta que acusan a estas organizaciones de recibir ingresos de fuente pública (Estado paraguayo) y de Estados extranjeros y mientras falta en la ecuación la organización ilÃcita de la que provienen los fondos.
La diferencia de óptica del cartismo es todavÃa más notoria con respecto a las ONG que forman -o formaron- parte del grupo económico del expresidente Horacio Cartes, como las fundaciones Ñande Paraguay y Ramón Telmo Cartes, de las cuales al menos en el listado de sujetos obligados de Seprelad ya solo aparece esta última.
Ambas organizaciones fueron mencionadas en el extenso informe de la CBI que investigó el lavado de dinero en el periodo parlamentario pasado. Aquel documento, por ejemplo, mencionaba a la Fundación Ramón Telmo Cartes (fallecido padre de Horacio) como una de las siete empresas pertenecientes al expresidente que habÃan participado de una operación de simulación de ventas entre sà para justificar el contrabando de cigarrillos, pese a lo cual tuvieron un bajÃsimo aporte fiscal en el año 2021.
Peña choca con el ala dura del cartismo y anuncia cambios en la ley de ONG
Según aquella comisión, basados en informes de inteligencia financiera elaborados por la Seprelad, la Fundación Ramón Telmo Cartes habrÃa adquirido de la tabacalera del expresidente, Tabesa, cigarrillos por G. 1.498.125.344 en el periodo entre los años 2017 y 2021. Más allá de una transacción por demás extraña para una organización sin fines de lucro, a fundación tuvo un exiguo aporte al fisco en 2021 de apenas G. 3.543.078 y un llamativo registro de 85 empleados ante el IPS, lo que llevó a sospechar a los integrantes de aquella comisión de que estaban ante una organización "de maletÃn".
Según consta en un Informe de Inteligencia Financiera al que accedió LPO, que forma parte de la documentación a la que accedió en 2022 a CBI y que fue entregada al Ministerio Público por la Seprelad, la hipótesis de los analistas de esta institución era que el grupo empresarial del expresidente, entre ellas sus organizaciones sin fines de lucro, solo era un esquema que "servirÃa para facilitar el flujo de dinero que genera el comercio lÃcito e ilÃcito del Grupo Cartes".
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
La comisión antilavado pidió una prórroga y busca que la justicia apriete a las ONG
