El mismo dÃa en el que Santiago Peña fue anfitrión de la cumbre del Mercosur, en la que volvió a reafirmarle a sus socios y al mundo su compromiso con la integración regional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la plena vigencia del Estado de derecho y los principios del derecho internacional, entre otros valores, a pocas cuadras del edificio histórico del Puerto de Asunción, el oficialismo volvÃa a golpear su imagen desde el Senado.
En un debate de casi seis horas, el cartismo volvió a poner en entredicho el liderazgo de Peña al desoÃr abiertamente las recomendaciones del procurador general -el abogado del Gobierno- respecto a la denominada "ley mordaza" contra las ONG, de tinte claramente conservadora, que contradice la apertura al mundo que pretende instalar su administración.
Tampoco alcanzaron los pedidos de algunos senadores que mostraron su apoyo en general al proyecto, pero que propusieron en varias ocasiones la postergación, al menos de su estudio en particular, entre ellos algunos opositores. De hecho, en la votación en general solo 9 se opusieron, frente a una mayorÃa de 34 votos favorables.
Durante el debate, calificado de "orwelliano" por Ignacio Iramain, los proyectistas Lizarella Valiente y Gustavo Leite limitaron su argumentación a exponer los supuestos vÃnculos de algunas de estas organizaciones con personas de la oposición, dejando nuevamente en evidencia la intención del cartismo de cortar el financiamiento de las ONG crÃticas con el gobierno, con la excusa de la influencia extranjera en la elaboración de polÃticas públicas.
Pero esta "confesión de parte" no es nueva. El propio Leite lo dijo con todas las letras en abril, cuando admitió que la verdadera preocupación del cartismo era la competencia que significan estas organizaciones para los partidos polÃticos tradicionales sobre la opinión pública.
"Se llaman ONG, pero utilizan plata de los gobiernos. Son avanzadas de ideas que hay en Europa. SerÃa bueno que las ONG que quiera activar abiertamente en polÃtica se declaren asociaciones polÃticas", apuntó entonces. La confesión no quedó limitada a las ONG, sino que los expositores cartistas fueron un poco más allá, involucrando, aunque no estén incluidos en el proyecto -al menos no expresamente- a los medios de comunicación.
Lizarella endosó el calificativo de "globalistas" a las organizaciones civiles de derechos humanos y hasta a colectivos internacionales de prensa, como el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que destaparon grandes hechos de corrupción pública y lavado de activos, como el conocido "Panamá Papers", donde fue mencionado Horacio Cartes.
El cartismo busca controlar los fondos de las ONGs y choca con los empresarios
Esta avanzada contra los medios fue acompañada por la senadora cartista Norma Aquino (ex Cruzada Nacional) quien aprovechó el momento para despacharse contra grupos mediáticos crÃticos a su conducta - Grupo Zuccolillo y Vierci-, a los que acusó de "distorsionar la información" para "instalar mensajes subliminales" en su contra.
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para la oposición, que acusó directamente al oficialismo de encaminar el proceso hacia un quiebre democrático con el retorno de leyes para amordazar a la prensa y perseguir a opositores.
Pero uno de los señalamientos más fuertes que se hicieron fue el de comparar al Gobierno de Peña, armado con esta ley, con regÃmenes señalados internacionalmente como antidemocráticos como los de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua o Vladimir Putin en Rusia, todos ellos con legislaciones similares en contra de organizaciones de la sociedad civil.
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