El contralor general Camilo Benítez defendió este miércoles su derecho a postularse para un nuevo periodo al frente de la institución y rechazó las acusaciones de inconstitucionalidad por parte de una amplia mayoría del arco opositor. Además, Benítez reivindicó su gestión y sostuvo que el examen de correspondencia al presidente Santiago Peña no fue manipulado.
Lo hizo durante la primera audiencia pública organizada por la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde el contralor aseguró que nunca fue confirmado en el cargo y que su actual mandato no constituye una reelección, por lo que está apto para volver a competir por el cargo.
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Benítez explicó que había sido designado como subcontralor para posteriormente asumir el puesto de contralor. No existe ninguna resolución, insistió, que lo haya confirmado como contralor para un nuevo periodo, para el cual se está postulando ahora.
La Constitución establece que el mandato del contralor no debe coincidir con el inicio y el final del periodo presidencial, una condición que se cumple en su caso. Benítez usó ese argumento y citó antecedentes de autoridades que completaron mandatos iniciados por otros funcionarios y luego fueron electas.
Benítez, que tiene el respaldo de Presidencia, se mostró confiado en el careo con los congresistas. Incluso se refirió al informe de la CGR sobre la fortuna de Peña. El contralor ratificó que no se detectaron irregularidades en el patrimonio del mandatario: "Nosotros tenemos que regirnos por la ley y a mí me cuestionan porque no le investigué al presidente en un periodo en que él no era funcionario público".
Benítez dijo que el proceso fue "imposible de manipular" debido a que las operaciones analizadas contaban con respaldo dentro del sistema financiero, algo que permitió verificar la trazabilidad de los ingresos y egresos mediante transferencias bancarias.
El tema había sido explotado por la oposición y medios críticos por el llamativo incremento patrimonial de Peña, que motivó una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito impulsada por legisladores anticartistas.
La audiencia formó parte del proceso de evaluación de los primeros diez postulantes de un total de 49 candidatos que aspiran a ocupar los cargos de contralor y subcontralor. Bajo la mirada de Javier Zacarías Irún, presidente de la comisión, Benítez respondió sobre la legalidad de su candidatura, el desempeño de la Contraloría en el último lustro y el seguimiento dado a las denuncias remitidas al Ministerio Público.
El contralor presumió del reforzamiento de los mecanismos de control: las rendiciones de cuentas fueron digitalizadas, se amplió el acceso a las declaraciones juradas y se incrementó el número de auditorías e informes elaborados por el órgano extrapoder. Pero su defensa no convenció a todos en el Senado.
Ante los dardos de los senadores de la oposición, Benítez siguió ofreciendo cifras y ponderó que la Contraloría pasara de emitir alrededor de 1.000 reportes anuales a aproximadamente 4.500 por año. Durante su administración, sostuvo, fueron remitidos a la Fiscalía informes de indicios de hechos punibles que representan un perjuicio patrimonial cercano a los US$ 980 millones.
Ante las consultas sobre el alcance de las fiscalizaciones, Benítez explicó que más del 90% de los informes elaborados por la Contraloría corresponden a organismos del Gobierno central, debido a que es allí donde se concentra la mayor parte de los recursos del Estado.
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