
La lista de los 450 contratos difundida recientemente, todos aprobados en apenas tres meses de gestión de Basilio "Bachi" Núñez como presidente del Congreso, empaña al Legislativo y, sobre todo, al oficialismo. Las contrataciones y nombramientos de personas sin perfil y experiencia en cargos de confianza ya no sorprende a la opinión pública, pero golpea de lleno al cartismo luego del escándalo de los "nepo babies".
Los diferentes poderes del Estado esquivan las restricciones de concurso para cerrar nuevos contratos gracias a la vigencia del decreto 1937, por el cual se modifican los anexos y formularios de otro decreto, el 1092/2024 -que a su vez reglamenta el Presupuesto General de la Nación 2024-. En su artÃculo 100, este último decreto dispone la modificación del anexo C, que habla de retener el talento humano cuando los procesos de concurso de méritos no hayan concluido.
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Este es el caso particular de Bachi, que en menos de 120 dÃas de gestión ha logrado lo que pocos conseguieron hasta ahora: copar en tiempo récord todos los puestos vacantes e incorporar en la planilla de salarios a 450 nuevos dirigentes de todas las banderÃas polÃticas en el Legislativo sobrepasando, en gran parte de los casos, la ley de Contrataciones establecida en el Presupuesto General 2023-2024.
De acuerdo al posteo del Senadores tras la divulgación de los casos de "bachi babies", son 39 los contratos de funcionarios permanentes, entre los que destacan los hijos y nietos del exintendente de San Lorenzo, Albino Ferrer. Juan Jesús Ferrer fue contratado para cumplir funciones en la Dirección de Control Interno y Heraldo Ferrer Demestral en la Dirección General de Gabinete de la Presidencia del Congreso, ambos con un salario de G. 3.500 mil.
Actualmente, los 45 senadores tienen un cupo de contratos de 3 funcionarios por despacho. Pero en la práctica solo se aplica a algunos legisladores de forma selectiva por parte de Bachi, quien hoy cuenta con un cupo de 20 contratados en la cámara, distribuidos en su gabinete y en la bancada. Otro que goza de ese beneficio es Dionisio Amarilla, que logró renovar el contrato de la abogada Ada Zacura Carolina Ferreira de Gorostiaga, con un sueldo de G. 8.500.000 como asesora.
De acuerdo al anexo del decreto 1937, entre los requisitos para los contratos se establece una experiencia mÃnima de 3 años en tareas relacionadas al mismo puesto o cargo en el sector privado y, como mÃnimo, un tÃtulo de pregrado. Pero estas condiciones fueron obviadas por el titular del Congreso para destrabar aquellos contratos que responden directamente a una promesa hecha en la última campaña electoral.
Apenas meses atrás, el presidente de la cámara de Diputados, Raúl Latorre, sufrió un episodio parecido por ubicar a referentes colorados como un favor polÃtico. La jugada de dirigente cartista incluÃa la hija del vicepresidente Pedro Alliana, Montserrat, que pese a no contar con tÃtulo universitario gana hoy unos G. 18 millones, sin pasar por concurso alguno. También se contrataron a los hijos de Silvio "Beto" Ovelar y Roya Torres, entre otros.
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Ante el escándalo mediático, los colorados avanzan en el proyecto de ley del Servicio Civil para bloquear nuevas contrataciones, por lo menos de hijos y esposas, en la función pública. Sin embargo, la posibilidad de contratar a personas en cargos de confianza seguirá existiendo gracias a los atajos legales que rigen en la ley de presupuesto de cada año.
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