La bancada cartista en el Senado plantea un proyecto de modificación de la ley de Administración Financiera del Estado, que apunta directamente a las Organizaciones No Gubernamentales. Desde la campaña electoral de abril, el oficialismo mantiene un discurso "anti globalista", similar al que planteó contra la Unión Europea, y ahora va por el control de estas entidades.
El cartismo pretende incluir a las organizaciones privadas "que reciban o administren fondos, servicios o bienes públicos, sean estos provenientes de convenios de préstamos, donaciones, asistencia técnica y/o cooperación internacional no reembolsable", bajo esta legislación, como si tratasen de organismos públicos.
La iniciativa estipula prohibir que créditos públicos sean utilizados para gastos corrientes y que estos "sean administrados por fundaciones, organismos no gubernamentales y agencias especializadas, cualquiera sea su denominación, sean nacionales o extranjeras, las que deberán ser autorizadas por otra ley diferente a la operación de crédito".
Este planteamiento se da justo después de que el mismo sector polÃtico retrocediera en su discurso, también electoral, de derogar el acuerdo con la UE para el financiamiento de la "Transformación Educativa". En la práctica, supone el control parlamentario de los recursos que vienen del extranjero para fiscalizar su destino, un punto que el oficialismo criticó durante el tratamiento del convenio con Bruselas.
El proyecto se enmarca en el discurso del cartismo contra la supuesta pérdida de soberanÃa y amenazas a la "gobernanza" nacional frente al lobby del "colonialismo extranjero", que se fue desinflando tras las elecciones, pero que Santiago Peña reflotó en la Asamblea General de la ONU en septiembre y los legisladores oficialistas utilizan para rechazar las acciones de programas de corte progresistas que provienen, sobre todo, de la UE.
La propuesta generó el rechazo unánime de las organizaciones de la sociedad civil que acudieron a la audiencia pública convocada por la comisión de Legislación del Senado, incluyendo a gremios empresariales, como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), comisiones vecinales y hasta grupos de ollas populares.
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Las organizaciones civiles cuestionan que el proyecto elimine uno de los pilares de la democracia participativa, establecida en la Constitución Nacional que supone el involucramiento de la sociedad en la elaboración de las polÃticas públicas.
Dante Leguizamón, representante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay,(CODEHUPY), dijo que su organización no recibe fondos estatales y que si bien no están en contra de mayores controles, se oponen a que se limite la participación de entidades civiles en la elaboración de polÃticas públicas. De hecho, esto sucede con otras organizaciones religiosas que operan en el Ministerio de Educación y otrás áreas del Estado.
Leguizamón acusó al oficialismo de acelerar la aprobación de la ley para obligar a que los fondos de estas organizaciones, privados o provenientes la de cooperación extranjera, sea absorbidos por el presupuesto público.
Fuentes parlamentarias señalaron que el proyecto podrÃa convertirse en un nuevo caso de reculada del gobierno, en un desesperado intento por lavar su imagen luego de las contradicciones en las que incurrió una vez llegado al Palacio de López. Pero lo cierto es que la iniciativa es una exigencia de los parlamentarios más radicales de Honor Colorado, en una guerra abierta contra las ONGs.
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